Ante más de 200 estudiantes de centros de formación técnica (CFT) e institutos profesionales (IP), además de rectores, el ministro de Educación Harald Beyer expuso en un seminario sobre los alcances y beneficios de la propuesta del Gobierno sobre el nuevo sistema de financiamiento estudiantil.
En Chile, este año hay más de un millón de alumnos en educación superior, de los cuales un 39% pertenece a CFT e IP. Respecto a los estudiantes de primer año de 2011, un 51,6% se matriculó en un CFT o IP. La autoridad destacó en su diagnóstico que un problema que se evidencia en todas las carreras de educación superior es la excesiva duración de éstas, que en Chile alcanza los 6,32 años, ubicándose como el país de la OCDE con la duración más alta. La situación se replica en el caso específico de las carreras técnicas, que duran en promedio 3,6 años.
Sobre la propuesta del nuevo sistema de financiamiento estudiantil, el ministro destacó que ésta tiene tres pilares fundamentales.
“En primer lugar este sistema de financiamiento estudiantil será mucho más adecuado, más justo para todos los estudiantes de nuestro país independiente de la institución que asistan. Esto indudablemente es una buena noticia para los alumnos de institutos profesionales y centros de formación técnica que van a tener un sistema que para ellos va a ser mucho menos oneroso que el crédito con aval del Estado”, sostuvo Beyer.
El sistema propuesto establece una tasa de interés anual subsidiada de 2%, un pago a través de cuotas contingentes al ingreso por hasta el 10% del salario y una condonación de la deuda después de 180 pagos. Estas condiciones son muy superiores a las del crédito con aval del Estado, al que acceden los estudiantes de instituciones técnico profesionales y que tiene una tasa de interés anual promedio de cerca de 6%, cuotas de pago fijas que no se determinan de acuerdo al ingreso y que no contempla una condonación de la deuda.
El segundo pilar se refiere a una modernización en la evaluación de las instituciones de educación superior “que lo que busca es básicamente evaluar a cada institución en sus propios méritos, dado que en Chile hay una heterogeneidad de instituciones que es propia de un sistema que es masivo”, destacó el secretario de Estado. En este sentido la propuesta del Gobierno establece un nuevo cálculo de los aranceles de referencia a través de un sistema transparente y simple, que entregue información valiosa al sistema. El Ministro Beyer resaltó que este nuevo cálculo implicará incentivos claros para mejorar la calidad y la pertinencia de las carreras, además de hacerse cargo de la diversidad de instituciones y proyectos educativos, con el foco puesto en los estudiantes al considerar factores como la deserción, la duración efectiva de las carreras, la empleabilidad y remuneraciones y el ajuste por composición socioeconómica. “Nuestra política de aranceles de referencia que estamos sugiriendo, es una política que va a producir un impacto y va a obligar a las instituciones a revisar la duración de las carreras”, agregó.
También se propuso que las instituciones se hicieran cargo de las brechas existentes entre los aranceles de referencia y reales. Para ello deberán ofrecer financiamiento a los alumnos según su condición socioeconómica, y en el caso de los más vulnerables ésta tiene que llegar al 100% de la brecha, disminuyendo progresivamente según aumenta el nivel socioeconómico. En el caso del financiamiento vía crédito, se debe asegurar que éste sea en las mismas condiciones que las ofrecidas por el Estado. Respecto a este punto, el ministro aclaró que para los CFT e IP este financiamiento no es un tema mayor, porque existe una brecha del orden del 4,5%.
“El tercer pilar es un sistema de aseguramiento de la calidad y supervisión mucho más robusto que el que tenemos y para eso seguimos avanzando en nuestro proyecto de superintendencia y en el nuevo sistema de acreditación que será mucho más potente que el que tenemos hoy día, porque nos parece que cuando uno tiene un sistema masivo, uno tiene que ser mucho más exigente con las instituciones que están ahí para asegurar que todas entreguen carreras que sean pertinentes y de calidad”, explicó el jefe de la cartera.
El proyecto de ley que crea una Superintendencia de Educación Superior se encuentra en el Senado y permitirá reforzar la fiscalización de la información que las instituciones entregan a los estudiantes, vela por el cumplimiento de la normativa vigente, fija un procedimiento para las operaciones con personas relacionadas y regula casos de publicidad que pueda ser considerada engañosa, entre otras funciones.
Sobre el nuevo sistema de acreditación, durante el tercer trimestre de este año, se enviará un proyecto de ley que impondrá mayores exigencias para las instituciones.
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