En un preocupante panorama delineado por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, el reciente informe revela una cruda realidad para quienes dedican sus vidas a la protección de los derechos de las comunidades en Colombia. A pesar de una disminución del 16% en los homicidios en comparación con el año 2022, la cifra de 181 líderes, lideresas y defensores de derechos humanos asesinados en el 2023 insta a la acción urgente.
El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, califica esta situación como una tragedia nacional y hace un llamado vehemente a la institucionalidad, los mandatarios locales, la Policía, las Fuerzas Militares y demás entidades a trabajar de manera conjunta en la protección de quienes arriesgan sus vidas por el bienestar de las comunidades.
“Es inaceptable que cada dos días del año anterior, en promedio, fuera asesinado un líder social o defensor de derechos humanos en Colombia. Cada vida perdida es una tragedia para sus familias, para las comunidades y para la defensa de los derechos fundamentales en el país,” asegura el Defensor del Pueblo.
Aunque el informe destaca una disminución del 16% en comparación con el 2022, cuando se registraron 215 casos, el riesgo y la amenaza persisten, especialmente en regiones afectadas por el conflicto armado interno. Sectores como el comunal, indígena, comunitario, campesino, afrodescendiente, víctima, OSIGD-LGBTIQ+ y activistas de derechos humanos se vieron particularmente afectados, con abril, junio y julio como los meses de mayor registro de asesinatos.
La preocupación se intensifica al observar que el 41% de los casos se concentró en tres departamentos: Cauca, Antioquia y Nariño. “La institucionalidad debe aumentar sus esfuerzos para garantizar la protección de quienes defienden los derechos humanos en contextos de alta vulnerabilidad,” destaca Carlos Camargo Assis, sugiriendo estrategias focalizadas en estas áreas y en los municipios más afectados.
El Defensor hace un llamado colectivo a las entidades del orden nacional, nuevos mandatarios municipales y departamentales, fuerzas de seguridad del Estado, organizaciones de la sociedad civil, la comunidad internacional y cada ciudadano para unir esfuerzos en la protección de líderes y defensores de derechos humanos. “Solamente juntos podremos construir un futuro en el que la defensa de los derechos sea una labor segura y respetada,” concluye el Defensor del Pueblo.
La Defensoría del Pueblo reitera su compromiso de monitorear de cerca la situación y seguir abogando por la protección de quienes dedican sus vidas a la defensa de los derechos fundamentales en Colombia.
