La senadora kirchnerista por La Pampa, Norma Durango (FdT) fue el miembro informante del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo y a la atención post aborto. Afirmó que “el aborto continuará existiendo y por eso la opción es entre aborto legal o aborto clandestino. Y si sigue siendo clandestino se pone en riesgo la vida de las mujeres”.
Como miembro informante, Durango resumió la iniciativa. Dijo que “el proyecto consagra a las mujeres y personas gestantes el derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo hasta la semana 14, fuera de ese plazo habilita dos causales: violación o riesgo de vida de la persona gestante”.
Resaltó que “todas las mujeres que con sus pañuelos verdes en sus muñecas, en sus mochilas reclaman la aprobación de esta ley para tener garantías”. Finalizó su presentación repitiendo la consigna de “las mujeres que inundan la plaza con sus pañuelos verdes y piden educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”. En el último tramo de su alocución dijo “está vez tiene que ser ley”.
La cuestionada ley se aprobó por 38 votos a favor, 29 en contra, 1 abstención y 3 ausentes.
Duras críticas a la ley
En los discursos de cierre, por la oposición expusieron la senadora por Tucumán, Silvia Elías de Pérez (JxC)
La senadora por Tucumán, Elías de Pérez (JxC) inició su argumentación diciendo que “toda vida vale y que por lo tanto tiene que ser cuidada y protegida”. Argumentó que de aprobarse la ley “el Estado habrá tirado la toalla. Esta ley no trae nuevos derechos, lo que nos trae es la negación del acceso a la vida”. Señaló que “la vida comienza en el momento de la concepción”. Dijo que “los niños son los más vulnerables que hay en la sociedad y deben ser protegidos”.
Elías de Pérez sostuvo que “todos los proyectos deben respetar la Constitución porque precisamente la Constitución es la valla para que las mayorías circunstanciales avasallen a las minorías”. Subrayó que “el Estado se ha obligado a respetar la vida desde la concepción y eso es contradictorio con el proyecto que nos proponen votar hoy”. En ese punto afirmó que “el derecho a la vida es el más importante de todos los derechos”. Sostuvo que “cuando se propone una política pública es necesario hacer una valoración ética” y que “al desconocer la vida por nacer se desconoce la dignidad humana”. Afirmó que “si la ley fuera aprobada será declarada anticonstitucional ya que a lo largo de la Argentina se presentarán recursos para que la Justicia se defina”.
El último orador fue el senador oficialista por Formosa, José Mayans (FdT). Citó a Juan Domingo Perón, diciendo que “todo en su medida y armoniosamente, porque sino serán propuestas retardatarias”. Mencionó a la Convención Americana de los Derechos Humanos para destacar que “nadie puede ser privado de la vida de manera arbitraria”. También mencionó la Convención del Niño que “habla de la vida a partir de la concepción”.
En ese punto afirmó que “el Estado de Derecho es el respeto de la Constitución, de los tratados internacionales y las leyes argentinas”. Señaló que “la ley que viene de Diputados es de jerarquía menor que la Constitución y los tratados internacionales. Se puede hacer”, se preguntó. “Claro que se puede pero hay que denunciar los tratados internacionales y reformar la Constitución. O estamos en un país sin ley?”.
Señaló que “la decadencia de un Estado es cuando un Presidente, o un gobernador o un funcionario no respetan la Constitución o le hacen decir a la Constitución lo que la Constitución no dice. Sostuvo que “hay una negación de los derechos del niño por nacer. No se habla de esto”.
Criticó al proyecto diciendo que “es una mala ley” y que “no se trata de interrupción, sino de supresión de una vida, ya que cada uno es un ser único e irrepetible. Esto es lo que protege nuestra Constitución. Si no somos capaces de defender la vida. ¿Qué defendemos?”. Subrayó que “es una ley que garantiza el aborto absoluto, hasta las 14 semanas y después de las 14 semanas, hasta los nueve meses”.
Finalizó su cierre, diciendo que “la ley es inconstitucional e inaplicable y se violenta el orden jurídico argentino”.
