Mientras las críticas crecen en España por el peligro que podrían tener en la seguridad nacional los contratos con la multinacional china Huawei para gestionar y almacenar escuchas telefónicas judiciales, que firmó el gobierno de Pedro Sánchez, el Partido Popular (PP), ha pedido la comparecencia en el Congreso de cuatro ministros socialistas para que den explicaciones sobre la adjudicación a una empresa china que está vetada en Estados Unidos por espionaje y la Unión Europea ha pedido que se la excluya de contratos que pongan en riesgo la seguridad.
El ministro de Exteriores José Manuel Albares, asegura que los contratos con Huawei no afectan a la ciberseguridad nacional.
Las sospechas del PP
La vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, en rueda de prensa, advierte a Pedro Sánchez de que tendrá que dar explicaciones sobre los contratos con Huawei, en vista de “la delgada línea” que conecta a su Ejecutivo con el expresidente Zapatero, “el sospechoso habitual de siempre”, acota.
“¿Dónde termina el zapaterismo y dónde comienza el Gobierno de Pedro Sánchez?”, pregunta Ezcurra dada su condición de “mediador de Plus Ultra con Maduro en Venezuela, con Puigdemont en Waterloo, así como operador político a sueldo de regímenes autoritarios”
La dirigente del PP hace hincapié en “datos sospechosos” que avalan la urgencia de explicaciones sobre dichos contratos, ya que “la primera vez que el Gobierno español contrató con Huawei fue en 2004, gobernando Zapatero, o que el jefe de seguridad de esta compañía en España, Segundo Martínez, fuese también el de su seguridad en Moncloa”.
También resalta que “la misma empresa que lleva los asuntos públicos de Huawei en Europa fue constituida por el exministro Blanco junto con Antonio Hernando, exjefe de gabinete de Sánchez y, no por casualidad, actual secretario de Estado de Telecomunicaciones”.
Recuerda Ezcurra que muchos socios internacionales de España han incluido a Huawei en “una lista negra” de compañías a la hora de guardar información relevante, como serían las escuchas telefónicas judiciales.
Acusa a Sánchez de hacer lo contrario de lo que la Comisión Europea requirió a los Estados miembros en julio, solicitándoles “encarecidamente” que no contrataran con esta compañía china.
