Alexandre de Moraes, el polémico juez del Supremo Tribunal Federal (STF) ahora le da a la Fiscalía General 48 hs. para comentar las explicaciones de Bolsonaro

El lunes 25 por la mañana, Moraes ordenó notificar a la PGR sobre el contenido de la defensa de Bolsonaro. Corresponderá al fiscal general, Paulo Gonet, evaluar la adopción de medidas con base en las declaraciones de los abogados y las pruebas obtenidas por la Policía Federal

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El ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes Foto: Agencia Brasil

El ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, otorgó a la Procuraduría General de la República (PGR) 48 horas para pronunciarse sobre las explicaciones enviadas por la defensa del expresidente Jair Bolsonaro a la Corte. El plazo comenzó alrededor de las 10:30 de la mañana de hoy y finalizará la mañana del miércoles (27).

El viernes (22), los abogados declararon  que Bolsonaro no solicitó asilo político al presidente de Argentina, Javier Milei. La defensa también negó que el expresidente tenga intención de huir del país y aprovechó la oportunidad para solicitar la revocación del arresto domiciliario de Bolsonaro. 

La declaración se envió al Tribunal Supremo después de que Moraes  ordenara a los abogados que comentaran sobre el documento de asilo hallado por la Policía Federal en el teléfono celular de Bolsonaro durante un operativo de búsqueda e incautación el mes pasado, como parte de la investigación sobre las sanciones estadounidenses contra Brasil. Según la Policía Federal, el documento había estado guardado en el dispositivo desde 2024. 

El lunes 25 por la mañana, Moraes ordenó notificar a la PGR sobre el contenido de la defensa de Bolsonaro. Corresponderá al fiscal general, Paulo Gonet, evaluar la adopción de medidas con base en las declaraciones de los abogados y las pruebas obtenidas por la PF.

El miércoles (20), Bolsonaro y uno de sus hijos, el diputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP),  fueron imputados por los delitos de coacción durante el juicio e intento de abolición del Estado Democrático de Derecho. La decisión se tomó después de que la Policía Federal concluyera las investigaciones sobre las acciones de Eduardo, junto con el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, para promover medidas de represalia contra el gobierno brasileño y los magistrados del Tribunal Supremo.

Agencia Brasil.-