“Después de una larga batalla contra el cáncer, nuestro padre, Alberto Fujimori, acaba de partir al encuentro del Señor. Pedimos a quienes lo apreciaron, nos acompañen con una oración por el eterno descanso de su alma. ¡Gracias por tanto, papá! Keiko, Hiro, Sachie y Kenji Fujimori (hijos del exmandatario)”, indicó Keiko a través de su cuenta en X.
Después de una larga batalla contra el cáncer, nuestro padre, Alberto Fujimori acaba de partir al encuentro del Señor. Pedimos a quienes lo apreciaron nos acompañen con una oración por el eterno descanso de su alma.
Gracias por tanto papá!
Keiko, Hiro, Sachie y Kenji Fujimori.— Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) September 11, 2024
Fujimori acudió el 5 de septiembre a una clínica en Lima para realizarse un examen de rutina, luego de lo cual no se le volvió a ver en público.
Alberto Fujimori murió cinco meses después de haber salido libre de prisión, donde cumplía una condena de 25 años por crímenes de lesa humanidad y corrupción política cometidos durante sus periodos al mando del Poder Ejecutivo —constitucional y de facto— de su país durante la década de 1990.
La polémica acompañó a Alberto Fujimori durante toda su vida, partiendo por su propio nacimiento. Durante la década de 1990, la oposición política a su figura lo acusó de falsificar su partida de nacimiento para poder acceder al más alto cargo político del país.
Se especuló durante años sobre que, en realidad, Fujimori habría nacido en Japón y su certificado de nacimiento estaba adulterado, ya que para acceder a la Presidencia hay que nacer en territorio peruano.
La fecha de nacimiento —28 de julio—, es la que se le adjudicaba a los inmigrantes que no podían justificar su nacimiento original, que corresponde al día de la declaratoria de independencia del Perú.
Fujimori fue elegido para el cargo de presidente del Perú en 1990 tras derrotar en balotaje al reconocido escritor peruano —Premio Nobel de Literatura en 2010—, Mario Vargas Llosa.
Fue famoso el debate televisivo protagonizado por ambos, en el cual Fujimori enrostra a Vargas Llosa un periódico que lo daba por ganador antes de las elecciones y acusó al escritor de estar enfrascado en una ‘guerra sucia’.
Finalmente, Vargas Llosa perdió esos comicios al obtener un 37,6% frente al 62,4% de Fujimori.
El 5 de abril de 1992 marcó para siempre la carrera política de Alberto Fujimori. Mediante un mensaje a la Nación, el entonces presidente ordenó el cierre y disolución del Congreso Nacional, —controlado en su mayoría por la oposición a su partido Cambio 90—, y la intervención del Poder Judicial, el Ministerio Público y el Tribunal de Garantías Constitucionales (predecesor del Tribunal Constitucional).
El principal argumento fue la lucha contra el terrorismo de Sendero Luminoso, y la necesidad de aumentar las potestades de las Fuerzas Armadas a través de una agenda de leyes antisubversivas.
El cierre del Congreso peruano en el denominado autogolpe fujimorista marcó un antes y un después en términos de compromiso democrático del exmandatario. A partir de la excusa de cambiar la institucionalidad nacional en manos de la corrupción, se tejió un sistema donde las violaciones a los derechos humanos se convirtieron en moneda corriente en el quehacer político del Perú.
A partir de la redacción de una nueva Constitución Política, y el establecimiento de medidas férreas medidas de seguridad, se pavimentó el camino para la instauración de políticas económicas neoliberales.
Las masacres de Barrios Altos y La Cantuta
Los dos primeros períodos presidenciales de Fujimori estuvieron marcados por la “lucha antiterrorista”, como fue denominada por el Gobierno, el fortalecimiento de la coerción antisubversiva en manos de las Fuerzas Armadas y el perfeccionamiento y financiación del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) de la mano del poder en las sombras durante sus administraciones presidenciales: Vladimiro Montecinos.
Durante la lucha contra Sendero Luminoso se cometieron graves violaciones a los derechos humanos como las masacres de Barrios Altos y La Cantuta.
En la primera, registrada el 3 de noviembre de 1991, 15 personas inocentes fueron acribilladas por error en una casa de Lima a manos del Grupo Colina, un escuadrón secreto del Ejército formado para cumplir tareas de ejecuciones extrajudiciales a miembros del senderismo.
El 18 de julio de 1991 se produjo la masacre de La Cantuta, nombre que recibe la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Allí un profesor y nueve estudiantes fueron secuestrados y desaparecidos, también como consecuencia de la acción del Grupo Colina.
Ambos casos marcaron el futuro judicial de Fujimori, dando pie a causas por las cuales el mandatario acabaría condenado.
Las esterilizaciones forzadas y las torturas a su exesposa
Durante la década de 1990 Fujimori fue acusado de prácticas eugenésicas en las regiones pobres del Cusco, luego de que tras la investigación hecha por el Congreso peruano, se concluyó que alrededor de 314.605 mujeres fueron esterilizadas en el marco del Programa Nacional de Planificación Familiar.
Fujimori fue sobreseído en 2014 del caso de esterilizaciones forzadas por la fiscalía peruana. El fallo fue reprobado por víctimas y organizaciones de derechos humanos.
En 1992, la entonces primera dama y madre de Keiko y Kenji Fujimori, Susana Higuchi, sorprendió al país al denunciar una red de corrupción en el seno de su propia familia.
Higuchi denunció públicamente a la hermana del presidente y otros familiares por apropiarse de prendas de vestir que habían sido donadas al país andino por el Gobierno de Japón. La acusación recayó especialmente sobre Clorinda Ebisui, esposa del hermano del presidente, Santiago Fujimori, y sobre Rosa Fujimori, también hermana del mandatario y esposa del entonces embajador peruano en Japón, Víctor Aritomi.
Años más tarde, ya divorciada de Fujimori, Higuchi confesaría que fue torturada a raíz de este escándalo de corrupción política —silenciado por los medios peruanos de la época—, cuando, por “motivos de seguridad”, Fujimori se mudó junto a su familia a las instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) del Ejército, a solo algunas semanas de la denuncia. Allí, según reveló en 2001, la entonces primera dama fue encerrada en un calabozo y obligada a permanecer “en posición fetal” en un rincón del recinto al que los militares llamaban Pentagonito. (Sputnik)
