La OEA estudia con urgencia aplicación de la Carta Democrática a Venezuela

Ante la enorme cantidad de solicitudes de organizaciones internacionales de derechos humanos, de asociaciones mundiales de expresidentes y jefes de Estado y de la Asamblea Nacional de Venezuela, maniatada de operar por el chavista Tribunal Supremo de Justicia que sólo cumple órdenes del régimen, la Organización de Estados Americanos (OEA), estudia en forma urgente la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, para darle fin a la tiranía desatada por Nicolás Maduro en su país.
Aprobada por el consenso de los 34 países de la OEA en 2001, la Carta es “principalmente una guía para mejorar el funcionamiento de los sistemas democráticos”, escribió en su preámbulo el entonces secretario general de la OEA, César Gaviria, avizorando una “nueva era” en el sistema interamericano.
La Carta define los “elementos esenciales” de la democracia representativa, entre ellos el respeto a los derechos humanos, el estado de derecho, elecciones libres y periódicas a través del voto universal, pluralidad de partidos políticos y la separación de los poderes públicos.
Según el artículo 17, un gobierno de un país miembro puede recurrir al Secretario General o el Consejo Permanente para pedir asistencia en caso de “riesgo” a la democracia o su ejercicio en el poder.
Pero la Carta también prevé escenarios de “alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático” o de “ruptura del orden democrático” (artículo 19), en los cuales la OEA puede intervenir sin el consentimiento del gobierno afectado y también cuando un gobierno se aparta de la vía democrática como sería el caso de Venezuela.
Según informa La Patilla, en caso de grave “alteración” de la democracia, el artículo 20 faculta al Secretario General o cualquier país miembro a convocar inmediatamente un Consejo Permanente para evaluar la situación.
Esta vía, sin precedentes en los tres lustros de la CDI, es la que solicitó la oposición venezolana al secretario general, Luis Almagro.
La cabeza de la OEA debería tomar una decisión en las próximas semanas, dijo su portavoz Sergio Jellinek, de llevar o no a un debate en la OEA el estado de la democracia venezolana.
De llegarse a esa etapa, el Consejo Permanente podrá decidir, con la aprobación de la mayoría de los 34 países miembros, la realización de gestiones diplomáticas para promover la “normalización de la institucionalidad democrática” en Venezuela.
Si esas gestiones fracasaran, el Consejo Permanente convocará, con el voto de al menos dos tercios de sus miembros, una Asamblea General Extraordinaria de cancilleres del continente, que podría determinar sanciones más extremas contra el país como la suspensión de la OEA.