Quito, (Andes).- Unos 1.246 migrantes ecuatorianos que residen en España, Italia y Estados Unidos han sido afectados por un plan de vivienda promovido por tres empresas privadas que ofrecieron casas en el exterior y no han cumplido con la entrega, informó este jueves el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, en una rueda de prensa.
“Tenemos registrados en total 1.246 clientes en el exterior. De ellos, la mayor parte (está) en España, hay más de 630 familias afectadas”, especificó Patiño tras una investigación realizada desde agosto de 2014, en la que se detalla que los afectados han pagado “una parte o la totalidad” de las viviendas con un costo aproximado de 50.000 dólares.
El caso está relacionado con el plan de vivienda ‘Nueva Gran Andalucía’ del cantón Durán (Guayas), en el que se ofrecían 700 viviendas, o en otras ocasiones “hasta 5.000 viviendas”, que se vendían en el exterior y que no han sido construidas.
Las tres empresas vinculadas con este negocio son: Promaga S.A. (con sede en España y Ecuador), Vive en el Ecuador S.L. (España) y Denylg (Ecuador).
El canciller, que puntualizó que esta oferta fue “una iniciativa privada”, indicó que hasta el momento el gobierno ecuatoriano ha registrado 631 clientes afectados en España, 54 en Italia, 24 en Estados Unidos y, este miércoles, se registró uno en Australia.
“Y el resto (de los 1246 afectados) no están registrados y creemos que habrán pagado la totalidad de las viviendas”, señaló Patiño, quien desconoce si habrá afectados de otros países latinoamericanos.
Patiño identificó a los representantes de dichas empresas que estarían vinculadas con esta estafa. Los nombres no pueden ser divulgados hasta que exista una sentencia, de ser el caso, debido a la Ley de Comunicación ecuatoriana. En España se registran cinco responsables, mientras que en Italia y Estados Unidos, uno en cada país.
El funcionario explicó el caso de Promaga en Ecuador, que no cumplió con sus obligaciones, a pesar de que la Superintendencia de Compañías (Supercias) supervisó, durante un año, el cumplimiento de las condiciones exigidas a esa empresa. Sin embargo, en abril de este año la entidad de control decidió liquidar la compañía.
“La empresa no ha registrado los pagos de las personas que han pagado por las viviendas”, añadió Patiño.
Esa es la mayor preocupación por parte de la Cancillería, que hizo un llamado a los migrantes ecuatorianos a “denunciar” a estas empresas, especialmente Promaga en Ecuador, que ya está liquidada y no puede vender ninguna vivienda.
“El expediente de este caso se abrió en agosto de 2014”, confirmó Patricio Benalcázar, representante de la Defensoría del Pueblo, que habló a la prensa junto a Patiño. Confirmó que esa dependencia trabaja en conjunto con la Cancillería y la Asamblea Nacional para que esto pueda resolverse y, si fuera el caso, se lleve toda la información a la Fiscalía.
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