“Respetar los derechos de la madre tierra es más importante que respetar los derechos humanos” – Evo Morales
Recientemente dijo sobre Israel y el conflicto de Gaza: “Mi pedido al Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (…), al Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas es empezar de oficio una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya por delitos de lesa humanidad. Es un genocidio”.
En su país, hay conflictos en el respeto a los derechos humanos y si se es extranjero se acrecientan, según denuncias.
La ciudadana española, Isabel Gabarre, recientemente indultada, ha relatado al diario EL MUNDO de Madrid lo que le ha tocado vivir en una cárcel de Bolivia, en la que estuvo presa y donde nació su hija. hoy no tiene dinero para regresar a España y malvive luego de reconocer haberse equivocado y que para subsistir entró en la droga, algo de lo que se arrepiente.
La mujer contó al medio de prensa de España que pasó 10 días en una estancia de detención provisional y el 21 de mayo de 2013 entró en la cárcel de Palmasola, donde no hay celdas pero se paga por la comida, por el suelo, por salvar el pellejo y por el aire. «Se paga hasta por parir. Hay que pagar a los escoltas para que te lleven al hospital», dice esta madre y libre reciente.
«Mi vida en Palmasola ha sido muy mala. Nadie sabe lo que pasa allí. La policía es muy racista con los españoles. Si no tienes dinero no vives. Pagas por comer algo decente, porque el rancho es una comida machacada asquerosa. Pagas por dormir en el suelo, por usar el water, por un medicamento… Por todo. Y si no pagas, no sales del cuarto. Te machacan psicológicamente».
Isabel debe un millar de euros a Bolivia y, realmente, necesita unos cientos para coger un avión que la traiga a España. Además de la privación de libertad, el Estado boliviano impone a cada preso una multa de 20 bolivianos (unos dos euros) por día de condena, por lo que cuando los reclusos salen en libertad (cumplida su condena o indultados) se encuentran con una deuda imposible. «Muchos ni siquiera pueden pagar el billete de avión de vuelta para España, y mucho menos la multa. Para los que no pueden pagar, lo que hacemos es obtener su expulsión del país con prohibición de retornar durante tres años y a cambio les perdonan la multa», explica Joan Borrell, reciente cónsul español en Santa Cruz de la Sierra, que realiza gestiones para ayudar a Isabel y a otros españoles presos en Bolivia.
La organización internacional Human Rights Watch (HRW) en su informe del 2014, señala que Bolivia “La ampliación de los períodos de prisión preventiva y las dilaciones en los juicios han agravado la sobrepoblación en las cárceles de Bolivia. Hasta septiembre de 2013, el gobierno informó que había 14.770 internos alojados en cárceles con capacidad para menos de 5.000. El 80 por ciento de estos presos, según fue señalado entonces por el Presidente Morales, se encontraban detenidos debido a “demoras en el sistema judicial”.
Las condiciones en los centros de detención son deficientes: la infraestructura es precaria, la alimentación y la atención médica son insuficientes y el control interno a menudo lo ejercen los mismos presos. Al menos 35 internos fueron asesinados, y más de 50 resultaron heridos en un incendio provocado durante un enfrentamiento entre bandas rivales ocurrido en agosto de 2013 en la cárcel de Palmasola. Entre los muertos había un bebé de 18 meses que estaba pasando la noche en prisión con su padre, quien presuntamente falleció mientras intentaba protegerlo de las llamas”.
Libertad de expresión
HRW expresa que “Si bien existe un dinámico debate público, algunas veces el Presidente Morales o sus ministros han expresado críticas agresivas contra la prensa, al acusar a periodistas de mentir y distorsionar la realidad impulsados por intereses políticos. En agosto de 2013, el ministro de la presidencia calificó al periódico Página Siete de La Paz de “indecoroso, malicioso, engañoso y mendaz” y de mantener vínculos con políticos de la derecha chilena. Los comentarios del ministro fueron vertidos luego de que, ese mismo mes, en un discurso conmemorativo del Día de la Independencia, el Presidente Morales acusara a ciertos periódicos —que no identificó— de posicionarse a favor de Chile (Bolivia mantiene históricamente una controversia marítima con Chile). En agosto de 2012, el gobierno presentó una denuncia penal contra Página Siete y otros dos medios por “incitación al racismo” luego de la publicación de un titular que supuestamente distorsionaba los dichos del presidente con respecto a la escasez de alimentos. En septiembre de 2013, la causa aún estaba abierta.
En octubre de 2013, la Asamblea Legislativa estaba debatiendo un proyecto de ley presentado por el gobierno sobre transparencia y acceso a información pública. La Asociación Nacional de Prensa criticó varias de las causas de confidencialidad previstas en el proyecto, que concede a un amplio espectro de autoridades gubernamentales la potestad de establecer excepciones al acceso”.
Opinión
