Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada, presuntamente, a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. La red operaba desde varios pisos prostíbulos situados en el sur de la isla de Tenerife, donde explotaban a mujeres jóvenes de origen colombiano, previamente captadas en su país mediante engañosas promesas de obtener grandes beneficios económicos ejerciendo la prostitución en España.
Durante la operación policial, que ha culminado con la detención de nueve personas y la liberación de ocho mujeres, se identificaron 36 víctimas en total, todas ellas en situación de vulnerabilidad. Los cinco principales responsables del entramado han ingresado en prisión provisional. Además, se realizaron cinco entradas y registros en inmuebles, siendo clausurados dos de los pisos utilizados como prostíbulos.
Modus operandi: captación, engaño y control absoluto
La investigación se inició en 2024 a raíz del testimonio de una de las víctimas, quien denunció la existencia de esta red criminal. La organización, liderada por un clan familiar de origen venezolano, operaba en connivencia con una colaboradora en Colombia encargada de captar mujeres jóvenes —de entre 18 y 25 años— en situación económica precaria. A las víctimas se les ofrecía un supuesto trabajo en España que les permitiría “ganar mucho dinero” en condiciones muy alejadas de la cruel realidad que les esperaba.
El grupo criminal se encargaba de todos los trámites del viaje: billetes de avión desde Colombia hasta Tenerife (vía Madrid), seguros, reservas de hotel ficticias, e incluso les proporcionaban dinero en efectivo para justificar su entrada como turistas en territorio español. Una vez en el aeropuerto de Tenerife, eran recogidas por miembros del clan, quienes les retiraban el dinero y las trasladaban directamente a los pisos prostíbulo donde comenzaría su explotación.
Explotación sexual 24/7 bajo amenazas y vigilancia
Las mujeres eran obligadas a prostituirse las 24 horas del día, los siete días de la semana, con la única concesión teórica de dos horas de descanso diario, que rara vez se cumplía. Alojadas en habitaciones compartidas donde también prestaban los servicios sexuales, las víctimas eran forzadas a trabajar incluso estando enfermas o con infecciones venéreas, bajo la amenaza de ser expulsadas sin dinero ni ayuda.
El control era absoluto: cámaras de videovigilancia, amenazas directas, y una deuda inicial de 3.000 euros que, en algunos casos, se triplicaba hasta los 9.000 euros sin explicación alguna. El 100% de los beneficios generados era retenido por la organización.
Además, si un cliente lo solicitaba, las víctimas debían consumir drogas con él, y no podían rechazar ningún servicio ni cliente, independientemente de su higiene o estado de embriaguez.
Narcotráfico, blanqueo y fraude
La red también se dedicaba a la venta de estupefacientes, alcohol y medicamentos para potenciar el rendimiento sexual, obligando a las mujeres a consumir sustancias para poder rendir más y complacer a los clientes.
Las investigaciones revelaron una trama más amplia de blanqueo de capitales y fraude a la administración pública, con importantes inversiones en bienes muebles e inmuebles tanto en España como en Venezuela.
La operación se saldó con 9 detenidos, 5 de ellos en prisión provisional; 8 mujeres liberadas y 36 identificadas como víctimas de explotación; 2 pisos clausurados y 5 registros realizados; más de 100.000 euros en efectivo intervenidos; 19 cuentas bancarias bloqueadas y la incautación de 14 teléfonos móviles, 3 vehículos, sustancias como cocaína y tusi, y abundante documentación.
