El Gobierno de México rechazó este sábado las declaraciones emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de las Naciones Unidas, en las que se afirma que la desaparición forzada ocurre de forma “generalizada o sistemática” en el país. A través de un comunicado oficial, el Ejecutivo aseguró que en México no existe ni se permite una política de desaparición de personas por parte del Estado.
El pronunciamiento gubernamental se da luego de que el presidente del Comité, Olivier de Frouville, anunciara que, tras concluir el 28° Periodo de Sesiones, el CED ha decidido activar el procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Este mecanismo, reservado para casos de “gravedad extrema”, permite llevar la situación ante la Asamblea General de la ONU.
“Si el Comité recibe información que contenga indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio de un Estado Parte, puede solicitar información al Estado y, en caso necesario, elevar la cuestión a la Asamblea General”, explicó De Frouville.
Actualmente, México registra más de 120,000 personas desaparecidas, en un contexto marcado por la violencia vinculada al crimen organizado. Aunque el Comité ha sostenido un intercambio constante con el Estado mexicano desde 2014, esta es la primera vez que se activa dicho procedimiento respecto a la situación en el país.
El Gobierno mexicano, por su parte, reiteró su compromiso con el respeto irrestricto de los derechos humanos y rechazó categóricamente cualquier insinuación de que las desapariciones forzadas sean parte de una política estatal.
“El Gobierno de México rechaza las declaraciones de integrantes del Comité entorno a la supuesta práctica de desaparición forzada por parte del Estado. El Gobierno mexicano no consiente, permite u ordena la desaparición de personas como parte de una política de Estado”, declara.
Asimismo, se informó que, una vez recibida la solicitud formal del Comité, el Estado analizará el documento y compartirá información sobre las acciones que se han puesto en marcha a nivel nacional.
México afirmó que continuará atendiendo sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos mediante respuestas a comunicaciones individuales, informes periódicos y otras solicitudes del Comité, con el objetivo de proporcionar información veraz sobre el contexto actual.
Esta postura fue comunicada formalmente tanto a la Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos como al propio Comité de la ONU, mediante una nota diplomática.
El CED es el órgano encargado de supervisar el cumplimiento de la Convención por parte de los Estados firmantes. Su mandato incluye el análisis de denuncias, la revisión de informes periódicos y, en casos excepcionales, la activación de mecanismos de intervención como el del artículo 34.
