La Policía Federal (PF) concluyó este jueves (21) la investigación sobre la supuesta existencia de una organización criminal acusada de actuar de manera coordinada para impedir que el entonces presidente electo, Luiz Inácio Lula da Silva, y su vicepresidente, Geraldo Alckmin, asumieran el poder. El gobierno, en 2022, sucederá al entonces presidente Jair Bolsonaro, derrotado en las últimas elecciones presidenciales.
En nota difundida recientemente, la PF confirmó que ya remitió el informe final de la investigación al Supremo Tribunal Federal (STF). Entre los imputados por los delitos de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado y organización criminal se encuentran Bolsonaro; el ex comandante de la Armada Almir Garnier Santos; el diputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), ex director de la Agencia Brasileña de Información (Abin); el ex Ministro de Justicia Anderson Torres; el exministro del Gabinete de Seguridad Institucional (GSI) Augusto Heleno; el teniente coronel del ejército Mauro Cid, ex ayudante de campo de Bolsonaro; el presidente del PL, Valdemar Costa Neto; y el ex ministro de la Casa Civil y de Defensa, Walter Souza Braga Netto.
Otras 29 personas fueron acusadas. Ellos son: Ailton Gonçalves Moraes Barros; Alexandre Castilho Bitencourt da Silva; Amauri Feres Saad; Anderson Lima de Moura; Ángelo Martins Denicoli; Bernardo Romão Correa Netto; Carlos César Moretzsohn Rocha; Carlos Giovani Delevati Pasini; Cleverson Ney Magalhães; Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira; Fabricio Moreira de Bastos; Fernando Cerimedo; Filipe García Martíns; Giancarlo Gomes Rodrigues; Guilherme Marqués de Almeida; Helio Ferreira Lima; José Eduardo de Oliveira e Silva; Laercio Vergilio; Marcelo Bormevet; Marcelo Costa Cámara; Mario Fernández; Nilton Diniz Rodrigues; Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho; Paulo Sergio Nogueira de Oliveira; Rafael Martíns de Oliveira; Ronald Ferreira de Araujo Júnior; Sergio Ricardo Cavaliere de Medeiros; Tércio Arnaud Tomaz y Wladimir Matos Soares.
Según la PF, las pruebas en contra de los imputados se obtuvieron a través de diversas investigaciones policiales realizadas a lo largo de casi dos años, basadas en violaciones al secreto telemático, telefónico, bancario, fiscal, colaboración premiada, registros e incautaciones, entre otras medidas debidamente autorizadas por el Poder Judicial.
Las investigaciones demostraron que los involucrados se estructuraron mediante división de tareas, lo que permitió individualizar conductas y comprobar la existencia de al menos seis centros: Desinformación y Ataques al Sistema Electoral; o Responsable de incitar a militares a sumarse al golpe de Estado; o Legales; o Apoyo Operativo a Acciones Golpistas; Inteligencia Paralela y el Centro Operativo para el Cumplimiento de Medidas Coercitivas.
“Con la entrega del informe, la Policía Federal cierra las investigaciones sobre el intento de golpe de Estado y abolición violenta del Estado Democrático de Derecho”, informó la PF.
Agência Brasil intenta contactar a los mencionados y está abierta a incluir su posición en el texto.
Fuente Agencia Brasil.-
