Human Rights Watch (HRW) ha manifestado su profunda preocupación por la situación en Venezuela tras el anuncio del Consejo Nacional Electoral (CNE) de que Nicolás Maduro fue declarado ganador de las elecciones presidenciales celebradas el 28 de julio. A pesar de este anuncio, el CNE aún no ha publicado las actas de escrutinio ni ha realizado las auditorías electorales o verificaciones ciudadanas que exige la ley, lo que genera serias dudas sobre la transparencia y legitimidad del proceso electoral.
En este contexto en una carta dirigida a los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil, Gustavo Petro de Colombia, y Andrés Manuel López Obrador de México, la directora de la División de las Américas de HRW, Juanita Goebertus Estrada, expresó preocupación por las tres propuestas concretas realizadas por estos líderes para resolver la crisis en Venezuela.
En este sentido ha asegurado que repetir las elecciones sería una violación de los principios democráticos básicos, dado que las elecciones del 28 de julio ya reflejaron la voluntad del pueblo, a pesar de las significativas barreras que enfrentaron los votantes y candidatos.
“Repetir las elecciones porque el gobierno de Maduro no está dispuesto a divulgar y aceptar el resultado de los comicios del 28 de julio sería una burla a este principio democrático básico. Tal propuesta, que sería inaceptable en cualquier país, sería especialmente problemática en Venezuela dadas las importantes barreras que los votantes y candidatos se vieron obligados a superar para participar en las elecciones del 28 de julio, incluyendo violaciones generalizadas de derechos humanos, que hicieron que la elección fuera marcadamente injusta y que pusieron a muchos votantes y candidatos en riesgo de sufrir abusos por parte del gobierno”, expresa HRW.
El rol del Tribunal Supremo de Justicia
En este plano debido a las propuestas de los gobiernos en cuestión, quienes han declarado que “las disputas sobre el proceso electoral deben resolverse por la vía institucional”; HRW señala que el Tribunal Supremo ha demostrado carecer de independencia y credibilidad. La reciente decisión del Tribunal de convalidar los resultados anunciados por el CNE no ofrece un análisis creíble ni inspira confianza en la comunidad internacional. Si bien el “Tribunal Electoral de Venezuela sostiene que ganó la elección el presidente Maduro, al mismo tiempo recomienda que se den a conocer las actas”.
Por último HRW advierte que una amnistía general violaría el derecho internacional y los derechos de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Cualquier amnistía debe ser limitada y condicionada para garantizar la justicia y la no repetición de atrocidades.
Por otra parte ha argumentado que el Panel de Expertos Electorales de la ONU y el Centro Carter, presentes como observadores internacionales, han cuestionado la integridad del proceso, señalando la falta de transparencia. En contraste, han otorgado credibilidad a las actas publicadas por la oposición, que sugieren que el candidato Edmundo González habría ganado las elecciones por un margen significativo.
Represión gubernamental y violaciones de derechos humanos
Human Rights Watch está documentando la represión gubernamental que ha seguido al anuncio de los resultados electorales. Según informes recibidos, 23 manifestantes y transeúntes, así como un miembro de la Guardia Nacional Bolivariana, han perdido la vida durante las protestas. Las fuerzas de seguridad han detenido a más de 2.000 personas, de las cuales más de 1.500 casos han sido verificados por el grupo de abogados pro-bono Foro Penal, incluyendo a 130 niños y 20 personas con discapacidad. Hasta ahora, solo se ha informado de la liberación de 90 personas, mientras que otros cientos han sido acusados de “terrorismo”.
Esta ola de detenciones arbitrarias no tiene precedentes en la historia reciente de Venezuela, superando las tasas de arrestos registradas durante las protestas antigubernamentales de 2014 y 2017.
