El ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, ordenó la inclusión del multimillonario Elon Musk entre los investigados en la llamada Investigación Milicia Digital (Inq. 4.874), que investiga las actividades criminales de grupos sospechosos de difundir información falsa. noticias en redes para incidir en procesos políticos.
En la misma decisión, hecha pública el domingo por la noche (7), Moraes ordena el establecimiento de una “investigación preventiva” para investigar la conducta de Musk, propietario de la red social X (antes Twitter), entre varias otras empresas. Según el ministro, la inclusión del empresario en la Investigación Milicias Digitales estuvo motivada por la posible “explotación criminal intencionada [intencional] de la red social X”. La apertura de otro proceso se debe a las recientes declaraciones de Musk, como que liberaría X cuentas de usuarios suspendidas por decisiones judiciales brasileñas, conducta que, en su decisión, Moraes tipifica como posibles casos de obstrucción de la justicia e incitación al delito.
“Determino además a ese proveedor de red social R$ 100 mil por perfil y responsabilidad por desobediencia a orden judicial de los responsables legales de la empresa en Brasil”, sentenció Moraes.
Críticas al STF
El ministro tomó su decisión un día después de que el multimillonario publicara en las redes sociales el primero de una serie de publicaciones criticando al ministro y al STF. El pasado sábado (6), Musk utilizó el espacio de comentarios del propio perfil del ministro en X para atacarlo.
En un mensaje del 11 de enero, en el que Moraes felicitó al ministro retirado del STF, Ricardo Lewandowski, por asumir el mando del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Musk pregunta : “¿Por qué exigen tanta censura en Brasil?”
En otra publicación, también el sábado , Musk prometió “levantar” [desobedecer] todas las restricciones judiciales, alegando que Moraes amenazó con arrestar a los empleados de X en Brasil. Ayer (7), a primera hora de la tarde, poco antes de que el ministro anunciara su decisión, Musk acusó a Moraes de “traicionar descarada y repetidamente la Constitución y al pueblo brasileño”. Sosteniendo que las exigencias de Moraes violan la propia legislación brasileña, Musk defendió que el ministro renuncie o sea destituido de su cargo.
Poco después recomendó a los internautas brasileños utilizar una red privada virtual (VPN) para acceder a todos los recursos de la plataforma bloqueados en Brasil.
Campaña de desinformación
En su sentencia, Moraes sostiene que, “el día 6 de abril”, el titular de la misma en relación con organizaciones criminales”.
Moraes cita también otra investigación – 4.781 – de 2019, que investiga indicios de difusión de noticias falsas, calumnias, amenazas y otras infracciones, para recordar que la “instrumentalización criminal de proveedores de redes sociales y servicios de mensajería para [el [compromiso] de la “La práctica más amplia de actividades delictivas en las redes sociales” es “evidente”.
“Destaco que es inaceptable que cualquiera de los representantes de los proveedores de redes sociales y servicios de mensajería privada, especialmente el ex Twitter, actual X, desconozca la instrumentalización criminal que han llevado a cabo las llamadas milicias digitales, en el difusión, propagación, organización y expansión de innumerables prácticas ilícitas en las redes sociales, especialmente en el gravísimo ataque al Estado Democrático de Derecho y el intento de destrucción del STF, del Congreso Nacional y del Palacio do Planalto, es decir, la propia República Brasileña, Especialmente después del intento de golpe del 8 de enero de 2023”, comentó Moraes, en su decisión, recordando que él mismo se reunió, en diferentes ocasiones, con representantes de las principales plataformas digitales para discutir “el peligro real de esta instrumentalización criminal”.
“Los proveedores de redes sociales y servicios de mensajería privada deben respetar absolutamente la Constitución Federal, la ley y la jurisdicción brasileña”, declaró Moraes, añadiendo que la dignidad humana, la protección de la vida de niños y adolescentes y el mantenimiento del Estado Democrático de Derecho “son por encima de los intereses financieros de los proveedores de redes sociales y servicios de mensajería privada”. Y el ordenamiento jurídico brasileño prevé la necesidad de que estas empresas cumplan con todas las órdenes y decisiones judiciales, incluidas aquellas que determinan el suministro de datos personales u otras informaciones que puedan contribuir a la identificación de los usuarios.
