Costa Rica, considerado durante mucho tiempo uno de los países más seguros de América Latina, enfrenta una seria crisis de seguridad con la escalada de la violencia criminal en el año 2023. Según datos proporcionados por las autoridades, el país registró una tasa de homicidios de 17,2 por cada 100,000 habitantes, convirtiéndolo en el año más mortífero de su historia.
Las cifras divulgadas por la policía del sistema judicial revelan que se produjeron un total de 907 homicidios en 2023, marcando un aumento significativo del 38,6% en comparación con los 654 registrados en 2022, cuando la tasa era de 12,5 por cada 100,000 habitantes. Estas estadísticas generan una profunda preocupación en la sociedad costarricense, que durante mucho tiempo se enorgulleció de su relativa seguridad en la región.
Según el informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el director Randall Zúñiga atribuyó la mayoría de estas muertes violentas a ajustes de cuentas en la disputa entre bandas por el control de territorios destinados al mercado de drogas. Las ciudades portuarias de Limón y Puntarenas han resultado ser las más afectadas por la penetración del narcotráfico, convirtiéndose en focos críticos para las autoridades.
El 80,3% de las muertes fueron cometidas con armas de fuego, según el informe del OIJ, subrayando la gravedad de la situación. Las autoridades de Costa Rica se encuentran tomando medidas decisivas para abordar este problema creciente y restaurar la seguridad en el país.
La comunidad internacional sigue de cerca estos acontecimientos, y se espera que el gobierno costarricense implemente estrategias integrales para combatir el narcotráfico y sus consecuencias en la seguridad pública. Costa Rica, reconocida por su belleza natural y estabilidad política, enfrenta ahora el desafío de revertir esta tendencia alarmante y recuperar su estatus como uno de los destinos más seguros de la región.
