Por Facundo Ordeig.-
En la noche del sábado, tras mantener una serie de encuentros con los líderes tanto de la Oposición como del Oficialismo, el Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, anunció que la renuncia de Francisco Bustillo al Ministerio de Relaciones Exteriores sería acompañada por la del Ministro del Interior, Luis Alberto Heber, por la del Subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, al igual que por la de su asesor en comunicación, Roberto Lafluf, a raíz de las declaraciones de Carolina Ache ante la Fiscalía de Delitos Complejos, donde se investiga el caso del pasaporte entregado al narcotraficante Sebastian Marset pero aunque el mandatario ha tomado la decisión correcta al no permitir que ninguno de los involucrados – por acción u omisión – permanezca en el cargo, la herida seguirá abierta hasta que la Justicia no determine las responsabilidades de cada uno de ellos, incluida la de Ache, quien a pesar de estar obligada a denunciarlos de acuerdo con el Artículo 177 del Código Penal, optó por callar durante once meses en los que ha asegurado no cometer ningún delito como parte de su estrategia procesal.
En este sentido, puede llamar la atención que la situación que ha desencadenado, parecería contradecir su versión o la versión que su abogado, el ex Fiscal de Corte, Jorge Diaz, le ha recomendado mantener pero teniendo en cuenta su experiencia, no debería ser tomado como un error de cálculo sino como la preparación de una jugada en la que mediante un sacrificio de su parte, se alcanza un interés aún mayor, el cual – probablemente – lejos esté de responder a la causa de la ética pública, ni más ni menos lo que se encuentra en juego aquí, más aún teniendo en cuenta que no es la primera crisis que involucra tanto a integrantes del gabinete de gobierno como de la Torre Ejecutiva, lo que año a año parece ser más frecuente en nuestro país pese a que mantenemos uno de los niveles de transparencia más altos de la región.
Y aunque la gravedad de los presuntos ilícitos parece ser clara, cuando aquellos que deben dar garantías son los mismos que atentan contra ellas, no son los partidos políticos quienes pagan el precio pues al acostumbrarse a los episodios de corrupción, aumenta el descreimiento en el sistema para generar un círculo vicioso donde el desinterés en la participación conlleva al aumento de la impunidad para así permitir que aquellos que sólo necesitan de una oportunidad para ser injustos, lleguen al poder, como bien parece que sucederá en la República de Argentina pero esto no resulta ser una carga del actual gobierno en exclusiva pues debemos tener en cuenta que a lo largo de la última década nos hemos encontrado con casos como el del Vicepresidente Raúl Sendic, el del escape de Rocco Morabito, el de Nicolás Cendoya e incluso el de la resolución firmada por Tabaré Vázquez en 2009 para permitir la entrega de pasaportes al líder de la secta “Oasis de Luz”, sobre quien existía un pedido de captura por parte de la Justicia alemana por más de nueve cargos por abuso sexual de menores.
Quizá, sea el momento de abrir las puertas a quienes han demostrado estar a la altura de la responsabilidad, no del servilismo.
