La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard ha asegurado que durante la oleada de protestas que se produjeron en Perú entre el mes de Diciembre y Febrero, luego de la controvertida salida de Pedro Castillo del poder, las Fuerzas de Seguridad del Estado incurrieron en una violencia desmedida contra los manifestantes con el objetivo de silenciar y acallar a los manifestantes, donde predominó un sesgo racial y socioeconómico a la hora de cargar y aplicar la fuerza contra las víctimas, dejando un saldo de 49 personas fallecidas.
“El uso de armas de fuego letales contra manifestantes muestra un flagrante desprecio por la vida humana. A pesar de los esfuerzos del gobierno por presentarlas como terroristas o delincuentes, las personas que murieron eran manifestantes, observadores y transeúntes. Casi todas ellas pertenecían a entornos pobres, indígenas y campesinos, lo que sugiere un sesgo racial y socioeconómico en el uso de fuerza letal”, ha manifestado.
En este sentido el organismo internacional ha instado a la Fiscalía de la Nación de Perú a investigar a todas las personas, hasta el más alto nivel, que hayan ordenado o tolerado el uso ilegítimo de fuerza letal ejercido por las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones derivadas tras la destitución del, ahora, ex presidente, Pedro Castillo el pasado 07 de diciembre y que conllevo a que el país se sumergiera en una de las crisis política y social más profundas de las últimas décadas.
“Lejos de ser incidentes aislados atribuidos a agentes descontrolados que actúan por su cuenta, el número de muertes en múltiples fechas y diferentes lugares sugiere una respuesta estatal deliberada y coordinada. Las autoridades peruanas deben investigar la posibilidad de que altos cargos ordenaran o al menos toleraran estos homicidios, sin importar lo alto que lleguen en la cadena de mando.”, ha expresado.
Las declaraciones las ha realizado la representante de Amnistía Internacional en el marco de la presentación del informe, titulado Racismo letal: Ejecuciones extrajudiciales y uso ilegítimo de la fuerza por los cuerpos de seguridad de Perú, donde se analiza 52 casos de personas fallecidas o heridas durante protestas en Andahuaylas, Chincheros, Ayacucho y Juliaca.
