La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha instado al gobierno de El Salvador, encabezado por Nayib Bukele a restablecer la plena vigencia de los derechos y garantías suspendidas durante los últimos 12 meses en el marco del régimen de excepción instalado en el país por motivos de seguridad ciudadana a fin de dejar a El Salvador libre de la violencia propiciada por las pandillas.
“La CIDH urge al Estado respetar los derechos humanos en la adopción de las medidas para la prevención, control y respuesta a la criminalidad, así como a investigar, procesar y sancionar las actividades delictivas”, ha expresado en un comunicado.
Las declaraciones las ha realizado el organismo internacional a solo unas semanas de cumplirse un año de vigencia del estado de excepción en el país. La medida está vigente en el país desde el pasado 27 de marzo de 2022 tiempo en que se han efectuado al menos 65,795 detenciones de personas presuntamente vinculadas al crimen organizado, grupos terroristas y pandillas, además de incautación de armas de fuego y de dinero proveniente del cobro de las extorsiones y comercio de drogas.
Pese a estos indicadores que se manejan la CIDH ha manifestado reiteradamente su preocupación respecto de múltiples denuncias de abusos e irregularidades en las detenciones y diligencias judiciales efectuadas, así como violaciones a los derechos de las personas detenidas. También ha urgido al Estado asegurar las garantías y la protección judiciales, así como el trato digno de toda persona bajo custodia estatal.
De la misma forma se tiene información del Estado de que el país alcanzó una reducción de la criminalidad sin precedentes, contabilizando 188 días sin homicidios en los últimos 12 meses, a su vez, los representantes del Gabinete de Seguridad de la nación centroamericana aseguran que el 2022 fue el año menos violento en la historia del país. No obstante la CIDH ha alertado al Estado de El Salvador que la suspensión de derechos y garantías, especialmente cuando aplicada de manera indefinida, constituye un mecanismo inadecuado para enfrentar el crimen común.
