La Justicia en Bolivia nuevamente está bajo escrutinio de la opinión pública y de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a raíz de los problemas estructurales que arrastra desde hace décadas, y cuya solución tarda en llegar.
Este es el único país en el mundo que elige a los magistrados de las Altas Cortes por voto popular, con pésimos antecedentes y, pese al reclamo de la sociedad, se encamina a una nueva elección calificada de fracaso por el abogado y político Juan del Granado, quien fue artífice de la primera condena legal de 30 años contra un exdictador en Latinoamérica, el general Luis García Meza (1980-1981) en 1993.
“Existe una dura realidad nacional, donde hemos pasado de una crisis judicial prolongada a una suerte de tragedia judicial nacional, en la medida que hace una década se practica una especie de copamiento de la cúpula judicial por el gobierno de turno. Lo que precisamente se producido con motivo de las Elecciones Judiciales de 2011”, afirmó Del Granado.
Bolivia, con la meta de innovar en su justicia, celebrada en 2011 las primeras Elecciones Judiciales por voto popular, que fue repetida en 2017, pero que sumó numerosas críticas por sospecha que la selección de los postulantes a jueces supremos se realizó por afinidad política y no por méritos o idoneidad profesional.
“La mayoría de la población concurrió y votó por la opción blanco o nulo. ¿Qué ganaron esas dos elecciones? Una expresión de rechazo a esta forma de copamiento político gubernamental del Órgano Judicial”, excluye.
Las causas de la crisis judicial son numerosas, desde la falta de presupuesto para el Poder Judicial, retardación de la justicia, baja cobertura judicial en el país, la influencia política y hasta la desactualización de la normativa legal.
“Son 42 años de vida democrática en Bolivia en los que, con la sola excepción de una reforma judicial de los años 90, no hubo una verdadera estrategia estatal. Hubo sucesivos gobiernos, pero no una estrategia estatal para tratar esta problemática de la justicia, por tanto, cada gobierno improvisó medidas, anunció reformas que no se cumplieron y simplemente vamos a repetir una experiencia dolorosa”, lamentó.
El próximo 29 de octubre, cerca de 5,2 millones de bolivianos votarán para elegir 23 magistrados para para el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura, y además elegirán a 23 suplentes.
Este cambio en la modalidad de elección de autoridades se aplicó con la nueva Constitución Política del Estado que entró en vigencia en 2010, durante el gobierno del expresidente Evo Morales (2006-2019), y hasta entonces la elección de magistrados se realizó en el Congreso boliviano.
“La crisis judicial no es reciente, es muy antigua. Nosotros hablamos de la crisis centenaria de la justicia, pero que a partir de la última década ha devenido en una tragedia nacional por el copamiento partidario de la cúpula primero y luego del todo el cuerpo judicial, demoliendo prácticamente no solo la independencia de poderes, sino la independencia judicial como tal”, afirmó.
Actualmente, una delegación de la CIDH concluye su visita en el país tras reunirse con autoridades nacionales, líderes de oposición y víctimas de justicia, cuyas voces tomarán en cuenta para emitir un informe sobre la situación de la justicia en Bolivia.
REFORMA DE LA JUSTICIA
El abogado boliviano Del Granado, que durante 14 años peleó en los estrados judiciales para enviar a la cárcel al dictador militar boliviano García Meza, hoy, junto a otros abogados independientes y organizaciones de la sociedad civil impulsan un proyecto de reforma judicial mediante un referéndum.
Para tal fin, primero deben recolectar 1,5 millones de firmas en 90 días para tramitar ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) la realización de un referéndum y, a un mes de la finalización del plazo, ya suman más de medio millón de rúbricas .
La propuesta de reforma de los juristas independientes plantea principalmente cambios en tres áreas: suprimir la selección de candidatos a magistrados que realiza el Parlamento boliviano y trasladar la tarea a una comisión ciudadana independiente, incrementar el presupuesto para el Poder Judicial y la revalorización de la justicia indígenas y la justicia de paz.
“Estos son los tres planteamientos que a su vez están atacando las causas profundas de la crisis y la tragedia judicial que vivimos, la dependencia del poder político, la falta de presupuesto adecuado y finalmente la judicialización de la conflictividad social permanente”, resumió.
VISITA DE LA CIDH
La visita de la delegación de la CIDH, del 27 al 31 de marzo, evidenció una polarización social y política en el país, y también genera esperanza en la población boliviana de que emite recomendaciones puntuales a las autoridades nacionales para mejorar la administración de la justicia .
En conclusión, la visita de la CIDH evidenció un ambiente de polarización en Bolivia, en la que tanto sectores afines al Gobierno de Luis Arce, como opositores trataron de exponer sus casos y entregar documentación a los comisionados para que se pronuncien a favor de cada bando. (Sputnik)
