La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, difundió un escrito de veinte puntos en el que niega haber direccionado obras viales en la provincia de Santa Cruz (sur) durante su gestión (2007-2015) y la del exmandatario Néstor Kirchner (2003-2007), tras haberse dirigido por última vez al tribunal que la procesó junto a otras 12 personas.
“Las veinte mentiras de la Causa Vialidad”, es el título del documento publicado por la expresidenta en su página web este martes.
Tras pronunciar su tercer y último alegato ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n°2 de la ciudad de Buenos Aires, que informó que el veredicto se dará a conocer el 6 de diciembre, Fernández respondió por escrito a las acusaciones que la fiscalía formuló en su contra durante el debate oral.
Acusada de ser la jefa de una asociación ilícita y por administración fraudulenta durante sus mandatos, delitos por los que la fiscalía pide 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, Fernández rechazó que durante su Gobierno se asignaran fondos para obras viales de manera ilegal y arbitraria.
“Las decisiones en materia de inversión pública son de resorte exclusivo de los órganos políticos y no existe ninguna norma jurídica que fije límites sobre cómo se debe llevar a cabo su distribución”, consideró.
La expresidenta, señalada por supuestamente conceder al empresario Lázaro Báez 51 proyectos de obra pública, aseguró que “desde la Presidencia de la nación jamás se impartió directiva alguna a la Oficina Nacional de Presupuesto indicándose cómo debían efectuar su tarea”.
Fernández consideró probado durante el juicio que “jamás se presionó o coaccionó a los legisladores para votar favorablemente las leyes de presupuesto del período 2004-2015”.
Tras haber acusado al tribunal de ser un pelotón de fusilamiento durante su último alegato, la vicepresidenta consideró “acreditado que nunca hubo partidas presupuestarias destinadas a la provincia de Santa Cruz que tuvieran como propósito beneficiar a un contratista en particular”.
En su descargo, la exmandataria observó que todos los decretos de necesidad y urgencia emitidos por su Gobierno fueron validados por el Congreso, y que los fondos utilizados por un fideicomiso cuestionado por la fiscalía también fueron asignados con la venia del parlamento.
Al negar que direccionara recursos económicos en favor de Lázaro Báez, la vicepresidenta recordó que “la ejecución del presupuesto de la nación es una competencia exclusiva de la Jefatura de Gabinete”, y sostuvo que todos los titulares de este área bajo su Gobierno declararon que no recibieron instrucciones sobre la asignación de los fondos.
Pruebas concluyentes
La serie de pruebas presentadas por los fiscales que llevan adelante la causa, son -según los expertos- concluyentes y demuestran la culpabilidad de la vicepresidenta a la que en el expediente judicial la imputan por ser la jefa de una asociación ilícita y por administración fraudulenta durante sus mandatos, delitos por los que la fiscalía pide 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
