Nuevamente la ONU vuelve a opinar en forma sesgada sobre la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo del Uruguay (INDDHH), sin ver todo el panorama y sin reconocer la realidad sobre las víctimas de uno y otro lado, a las que les han sido violados sus derechos.
En un comunicado, la oficina de ONU en Uruguay señala la relevancia de la labor llevada adelante por esta institución.
La oficina de la ONU agrega que “La INDDHH es un gran activo para el país en materia de derechos humanos. A nivel internacional es considerada como una institución de referencia. Por dicho motivo, el proceso de selección y nombramiento del Consejo Directivo de la INDDHH para el periodo 2022-2027 reviste una gran importancia”.
Más adelante explica el comunicado: “En tal sentido la normativa nacional menciona requisitos como la experiencia y notoria versación en materia de derechos humanos o una alta autoridad moral. Dichos criterios reflejan entre otros los Principios de París, que guían el trabajo de estas instituciones a escala global. Entre los mismos cabe mencionar la importancia de salvaguardar la independencia formal y funcional de la institución”.
Todo muy loable si en realidad fuera así. La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo del Uruguay, defiende a quienes padecieron violaciones y desaparecieron en los años infames de la dictadura militar y eso estaría muy bien si a la vez se ocupara de defender a las víctimas del terrorismo de grupos subversivos de izquierda, que desde la década de los años sesenta hasta el golpe de Estado, violaron la Constitución, robaron, secuestraron y asesinaron a muchos inocentes. Para la INDDHH, estas son víctimas de segunda clase y para la ONU parecería que también porque no las tiene en cuenta y habla de logros de la INDDHH que no son tales porque carecen de imparcialidad al precuparse por un solo lado de la historia reciente de Uruguay.
https://twitter.com/ONUUruguay/status/1557120694143488002
En 2006, durante el primer gobierno del izquierdista Tabaré Vázquez, se otorgaron pensiones o jubilaciones a las víctimas del terrorismo de Estado. En 2020, pocos días antes de dejar su último mandato, Vázquez hizo que estas pensiones se trasladaran en un 100% a cónyuges o concubinos, e hijos menores o discapacitados, según explica un artículo del diario El País.
Pero lamentablemente, el expresidente Vázquez, no miró hacía el otro lado, ni él ni los legisladores del Frente Amplio, tuvieron en cuenta a las víctimas de la guerrilla tupamara que asesinó a personas inocentes durante su accionar criminal durante años de gobiernos democráticos, previos a la dictadura militar (27 de junio de 1973 – 1 de marzo de 1985). La ONU no habla de esto y la INDDHH, tampoco.
Solo para recordar: parte de la larga lista de víctimas de la guerrilla en Uruguay que no tienen resarcimiento y la ONU no habla ni aconseja
¿Es lógico que quienes asesinaron a inocentes hoy reciban una pensión de reparación como “ex presos políticos” y las víctimas del terrorismo de los tupamaros nada?. ¿Dónde está la INDDHH y la labor relevante que menciona la ONU?
Como ejemplo vale citar tan sólo unos pocos casos – entre una lista extensa – Hilaria Quirino, una madre que se desempeñaba como cuidadora del Club de Bowling de Carrasco, que en el atentado terrorista de los tupamaros fue herida de gravedad y nunca logró recuperarse de aquel trágico e injusto episodio que la marcó a fuego hasta el final de sus días. Ni ella ni sus cuatro hijos, recibieron justicia desde el atentado en 1970, en democracia.
La ejecución por parte de los tupamaros de Juan Andrés Bentancur, sereno de la fábrica Niboplast, asesinado al dar aviso a la policía de que los tupamaros estaban robando en dicha empresa. – 22/06/71. Para la familia no hay resarcimiento.
El homicidio premeditado en plena democracia del peón rural Pascasio Báez ( 21 de diciembre de 1971), quien buscando en un campo un caballo perdido se encontró de casualidad con un escondite de los tupamaros que lo detuvieron durante dos meses para luego ejecutarlo con una inyección de pentotal para que no los delatara. El ex guerrillero tupamaro Jorge Zabalza, consideró este crimen, “un delito de guerra contra un ciudadano totalmente ajeno a la confrontación que se desarrollaba en el Uruguay”. La INDDHH no se pronuncia y la ONU guarda silencio.
Dr. Julio Federico Morato Manara, asesinado por los tupamaros en su domicilio cuando intentaron robarle material quirúrgico. El eminente y reconocido científico se resistió al ataque de los tupamaros y se trabó en lucha con los terroristas quienes le dispararon a quemarropa sin ningún reparo. Murió en el lugar ante su esposa mientras los asesinos se dieron a la fuga – 04/05/72
Vicente Oroza, chofer de la empresa de transporte público Cutcsa, asesinado por un tupamaro – plenamente identificado – en el Cerro de Montevideo, por negarse a atropellar con el ómnibus a un grupo de las fuerzas conjuntas que realizaba un control callejero, también en años de democracia. En el hecho los tupamaros hirieron a un soldado que subió al vehículo y Oroza intentó protegerlo y para ello les abrió la puerta trasera del autobus a los terroristas para que pudieran escapar, pero el tupamaro, que además era su vecino del barrio, asesinó a Oroza con varios balazos. (28 de junio de 1972). Hoy su asesino cobra una pensión como ex preso político.
En este caso, el hijo del asesinado chofer de Cutcsa escribió en Twitter sobre el asesino de su padre que hoy cobra una pensión reparatoria por parte del Estado otorgada por el gobierno del Frente Amplio:
La ONU entonces debería equilibrar sus comunicados y no ver la historia de un solo lado.
Finalmente en su comunicado la oficina de la ONU en Uruguay expresa y presiona: “El sistema de Naciones Unidas confía en que el proceso de selección del próximo Consejo Directivo de la INDDHH garantice los estándares internacionales y expresa su más profundo reconocimiento a la cultura de respeto de los derechos humanos en Uruguay, que es fuente de inspiración para muchos otros países”.
LEA: La versión errónea del Comité de DDHH de la ONU sobre la libertad de expresión en Uruguay
El comunicado de ONU-Uruguay es una intromisión en los asuntos internos del país que no necesita de consejos interesados y donde la situación real no se menciona y se destaca la “labor” de la INDDHH, que no tiene nada de imparcial sobre el reconocimiento a todas las víctimas del pasado reciente.
