La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) de Uruguay, es un organismo que deja serias dudas sobre su imparcialidad al intervenir en hechos sobre temas de presunto acoso laboral, porque ante denuncias que habría recibido, no actúa con las reservas del caso y expone nombres de personas, sin esperar a recibir las respuestas y/o descargos de los presuntos implicados. Directivos del instituto piden al Ministro del Interior investigue para “aclarar la responsabilidad administrativa de los funcionarios que intervinieron”.
En su extensa misiva al ministro del Interior, que debería ser reservada, pero que el INDDHH, sospechosamente, entrega a los medios de prensa, se cuida de exponer el nombre de los denunciantes, pero revela el nombre y apellido de los presuntos acusados.
Pero además de una pésima redacción de la carta, toma partido y define por su cuenta lo que debe hacer el ministerio y al citar un presunto caso de violación de derechos de un funcionario de iniciales MC, que se habría visto perjudicado, expone:
En el numeral 4, queda en evidencia que los jerarcas, o sea los jefes de MC, están “obligados” a no tomar decisiones sin consultarlo. Tampoco los directores pueden decidir si se autoriza o no un “curso de capacitación diseñado por él”, aunque sea o no conveniente a las necesidades de la fuerza policial. ¿Si dicho curso no se ajusta a lo que las autoridades quieren, se debe realizar igual, porque el diseñador lo exige?.
Todo este procedimiento debe ser confidencial, hasta que estén los resultados de la investigación que solicita el INDDHH al ministro del Interior.
Este organismo no ha alzado su voz para exigir que las víctimas del terrorismo de los tupamaros, reciban el mismo tratamiento que los ex presos políticos de la dictadura, que perciben una pensión del Estado de por vida, extensible a esposas e hijos.
Claramente, para la INDDHH, hay víctimas de primera y de segunda clase.
Siguen en deuda.
