La Defensoría del Pueblo de Perú, un organismo constitucional, ha denunciado las prácticas de acoso a periodistas y medios que critican al gobierno izquierdista del presidente Pedro Castillo, en un intento de acallar las voces independientes.
La Defensoría del Pueblo ha señalado que el gobierno de Castillo, “ha obstaculizado la labor de la prensa, especialmente, aquella cuya línea editorial le resulta contraria”.
Dicho organismo denuncia que “El despido intempestivo de periodistas que denuncian recortes en la pluralidad informativa de TV Perú (Canal del Estado) ratifica necesidad de asegurar plena autonomía del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP)”, y puntualiza que “Recordamos al titular del @MinCulturaPe y al directorio del IRTP que todas las plataformas de TV Perú pertenecen al Estado, no al gobierno”.
https://twitter.com/Defensoria_Peru/status/1496570750542700557
Mencional el informe que realizó la Defensoría sobre la vinculación entre en Ejecutivo con la libertad de prensa. En sus conclusiones arroja que el Gobierno “ha vulnerado los ocho estándares sobre las libertades de expresión e información evaluados en el presente informe”.
El gobierno de Castillo y el plan del Foro de São Paulo para tomar los medios de prensa
El documento base del XXIII Encuentro del Foro de São Paulo, desarrollado en Managua en 2017, ordena claramente que:
“La izquierda debe proponerse tomar todos los espacios posibles de radio, prensa y televisión, aunque sea a nivel de programas pagados para erosionar a los partidos de derecha y propagandizar nuestro proyecto, a nivel local, nacional e internacional, entendiendo que todo ciudadano, independientemente de sus posiciones políticas, es objeto y sujeto de nuestra atención y para los cuáles siempre tiene que haber un discurso, de lo contrario seguiremos perdiendo el tiempo dirigiéndonos solamente a los sectores convencidos y desde una posición más sectaria que educativa”.
Ya en el poder – destacan analistas – el presidente Pedro Castillo en Perú, aplica el mismo concepto de acoso y censura a los medios de comunicación del Estado y a la prensa independiente, siguiendo el mismo modelo de ataques del gobierno kirchnerista de Argentina, de Maduro en Venezuela y de Daniel Ortega en Nicaragua.
Comunicado completo de la Defensoría del Pueblo de Perú
Frente a las reiteradas restricciones a la libertad de prensa realizadas por las más altas autoridades del gobierno, la Defensoría del Pueblo expresa lo siguiente:
- Establecer cercos policiales o de seguridad en actividades institucionales y de interés público, con la intención de evitar que los periodistas cumplan su labor de formular preguntas, constituye una restricción arbitraria a la libertad de prensa, así como la trasgresión de diversos estándares en materia de libertad de expresión.
- En el informe defensorial “Supervisión al Poder Ejecutivo en relación con la libertad de prensa”, nuestra institución sostuvo que: “La imposibilidad de cubrir eventos públicos constituye un obstáculo a la labor periodística y conlleva a limitar la difusión de información sobre asuntos de interés público e impedir la construcción de una opinión pública libre e informada de la población”. En efecto, este comportamiento se encuentra reñido con nuestros valores democráticos y los pilares de un Estado Constitucional.
- La Defensoría del Pueblo recuerda que los funcionarios de gobierno y del Estado en general están sometidos a permanente escrutinio público, por lo que no pueden direccionar, recortar ni menos aún acallar las preguntas que los periodistas les formulen. En este sentido, recordamos que es un estándar básico en materia de libertad de prensa, brindar protección especial a los medios de comunicación y periodistas para el cumplimento de su labor, minimizando todo tipo de restricciones.
- Por lo antes expresado demandamos al gobierno, que estos actos sean corregidos inmediatamente y se elimine toda orden dirigida a impedir que los periodistas participen de las actividades oficiales y realicen preguntas, por más incómodas que pudieran resultar. Es importante recordar que todo funcionario público, y sobre todo aquellos que ostentan los más altos cargos en el Estado, deben tener una mayor tolerancia frente a aquellas expresiones que pudieran resultar críticas y/o molestas, que se propaguen con ocasión del ejercicio de la función pública.
La Defensoría del Pueblo se mantendrá vigilante frente a estos hechos y defenderá el adecuado ejercicio del derecho a la libertad de prensa a favor de todos los peruanos y peruanas.
