El gobierno kirchnerista de Argentina derogó recientemente un decreto que facilitaba la expulsión de migrantes que cometieron delitos y según la ONU, violando el derecho al debido proceso y otras provisiones que la ley internacional otorga a todas las personas así sean delincuentes o migrantes que no cumplan las leyes del país de acogida. Las deportaciones de Argentina se habían duplicado desde que dicho decreto entró en vigor en 2017. Tres comités de la ONU piden que se revisen los casos de expulsión del país que dividieron familias.
El 4 de marzo pasado, el gobierno de Argentina abolió el Decreto de Necesidad y Urgencia, promulgado en enero de 2017 por la administración del entonces presidente Mauricio Macri, que permitía la expulsión acelerada de migrantes sin que se llevara a cabo el debido proceso. Sin embargo las expulsiones de migrantes que cometieron delitos solo se realizaban luego de comprobadas sus acciones delictivas.
El Comité de la ONU de los Trabajadores Migratorios, el Comité de los Derechos del Niño y el Comité contra la Tortura encomiaron la derogación y recordaron en un comunicado divulgado este miércoles que se trataba de una disposición muy criticada por violar el derecho a la unidad familiar, el principio del interés superior de los niños y adolescentes y el principio de no devolución.
Ese decreto estipulaba la detención obligatoria y la deportación sumaria para los migrantes que se encontraran en Argentina sin haber cumplido con los procedimientos migratorios de la ley y para los migrantes que hubieran cometido cualquier delito, así fuera menor. La provisión también se aplicaba en los casos den la sentencia aún no se hubiera determinado.
Además, reducía a tres días hábiles el plazo para impugnar una decisión de expulsión y ofrecía un acceso muy limitado a la asistencia jurídica gratuita para que la persona en cuestión pudiese ampararse frente a esa decisión.
Gobierno argentino deroga decreto que impedía la entrada al país de extranjeros con antecedentes penales
También la decisión del Gobierno argentino de Alberto Fernández y Cristina Kirchner de derogar el decreto que expulsaba del país a los extranjeros que delinquen sigue generando polémica y repercusiones.
En este caso, Gerardo Milman, ex secretario de Seguridad Interior del gobierno de Mauricio Macri, habló sobre los efectos de la derogación del decreto, la intencionalidad política de dicha decisión y criticó la gestión de Sabina Frederic y Sergio Berni.
“Este decreto buscaba que la expulsión de delincuentes fuera ágil y, por el otro lado, impedir el ingreso de ciudadanos extranjeros que tengan antecedentes penales al país”, dijo Milman, quien luego añadió que con la derogación de este decreto el Gobierno deberá mantener a los delincuentes en el país y hacerse cargo de los costos de manutención. Asimismo, el ex funcionario aseguró que la derogación “le abre las puertas del país a los delincuentes”.
“El Gobierno se ha dedicado a derogar todo lo que se ha hecho en materia de seguridad, los ciudadanos se encuentran mucho más desprotegidos que durante la gestión anterior”, disparó el ex secretario de Seguridad Interior. “Este Gobierno le da más derechos a los delincuentes que a los ciudadanos comunes”, aseveró Milman
Finalmente, Milman dijo que Juntos por el Cambio presentó un proyecto de ley para garantizar la continuidad del decreto y afirmó que la gestión de seguridad de Frederic y Berni “involucionó 50 años la política de seguridad”.
Hasta los peronistas se quejan de los privilegios a delincuentes
El Ministro de Seguridad, Sergio Berni, discrepa con el presidente Alberto Fernández: “Todas las sociedades del mundo eligen a quiénes abrir sus puertas. En nuestro caso, la exigencia de no tener antecedentes penales para poder entrar y permanecer en el territorio nacional no pareciera ser una extravagancia ni un requisito irrazonable o descomedido”, dijo Berni, que pertenece al mismo partido político del presidente.
