El Programa de Recompensas de Delincuencia Organizada Transnacional (TOCRP) del Departamento de Estado anunció el martes una recompensa de 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto y / o condena del venezolano Maikel José Moreno Pérez, luego de múltiples investigaciones por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE. UU. investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y otras agencias estadounidenses. Como parte del anuncio, Moreno Pérez y su esposa no son elegibles indefinidamente para volver a ingresar a los Estados Unidos. Estas acciones reafirman el compromiso de Estados Unidos de combatir la corrupción y el crimen organizado transnacional en Venezuela.
Maikel José Moreno Pérez, de 54 años, actual presidente de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, fue acusado mediante una denuncia penal en el Distrito Sur de Florida de conspiración para cometer lavado de dinero por un lado y lavado de dinero en relación con el presunto recibo corrupto o el recibo previsto de decenas de millones de dólares y sobornos para arreglar ilegalmente docenas de casos civiles y penales en Venezuela.
La queja alega, por ejemplo, que el acusado autorizó la incautación y venta de una planta automotriz de General Motors con un valor estimado de 100 millones de dólares a cambio de un porcentaje personal de los ingresos. De manera similar, la demanda alega que el acusado recibió sobornos para autorizar el desestimación de cargos o la liberación contra venezolanos, incluido uno acusado en un esquema de fraude multimillonario contra la compañía petrolera estatal venezolana.
Según la denuncia penal, en octubre de 2014 o alrededor de esa fecha, Moreno Pérez dijo a las autoridades estadounidenses en una solicitud de visa que ganaba el equivalente a aproximadamente U$S 12,000 por año de su trabajo en Venezuela. De 2012 a 2016, los registros bancarios del acusado en los EE. UU. muestran aproximadamente U$S 3 millones en entradas a las cuentas del acusado, principalmente de grandes transferencias de dólares en efectivo de corporaciones fantasmas con cuentas bancarias extranjeras vinculadas al Co-Conspirador 1, quien fue un ex abogado de defensa penal en Venezuela que actualmente controla una compañía de medios venezolana.
Los registros bancarios del acusado supuestamente muestran que de 2012 a 2016, el acusado gastó aproximadamente U$S 3 millones, principalmente en el área geográfica del sur de Florida. Por ejemplo, los registros bancarios supuestamente muestran que Moreno Pérez gastó aproximadamente $ 1 millón en un avión privado y un piloto privado, más de 600,000 dólares en compras con tarjeta de crédito o débito en tiendas principalmente en el sur de Florida (incluyendo decenas de miles de dólares en tiendas de lujo en Bal Harbour , como Prada y Salvatore Ferragamo), alrededor de 50,000 dólares en pagos a una tienda de reparación de relojes de lujo en Aventura, y aproximadamente 40,000 dólares en pagos a un director de concurso de belleza venezolano.
La oficina local de HSI en Miami realizó la investigación. El fiscal federal adjunto Michael N. Berger, del Distrito Sur de Florida, supervisa el enjuiciamiento.
Maikel Moreno estuvo preso por homicidio y fue expulsado del Poder Judicial por corrupción
El ultrachavista magistrado Maikel José Moreno Pérez, un ex funcionario policial condenado por el asesinato de una persona en el Estado de Bolívar en 1987, mientras era miembro de la policía política venezolana, fue designado en febrero de 2017 por el régimen de Nicolás Maduro, como Presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
El oscuro pasado de Moreno Pérez, se refleja en su prontuario donde destaca que en 1987 fue condenado y enviado a la cárcel por ese asesinato y solo llegó a estar dos años en prisión por este crimen, viéndose beneficiado por un artilugio procesal, salió en libertad y volvió a ocupar su cargo policial.
Nuevamente en 1989 Maikel Moreno Pérez, aparece involucrado en el homicidio de Rubén Gil Márquez, un hecho ocurrido en Caracas. No se pudo demostrar su culpabilidad, pero fue dado de baja de su cargo de oficial de seguridad.
En 1990 le consiguieron trabajo en el Poder Judicial y logró graduarse como abogado en la Universidad Santa María en 1995.
Se acercó al chavismo y allí comenzó, junto a Hugo Chávez y luego con Maduro, su ascendente carrera judicial, por su afán casi obsesivo por encarcelar a opositores.
Según informa El Nuevo Herald, la carrera de Moreno como juez se vio interrumpida en el 2007, bajo acusaciones de haber recibido sobornos para ordenar la liberación de los acusados en el caso de asesinato de la abogada Consuelo Ramírez Brandt.
Tras ser destituido, el entonces canciller Nicolás Maduro lo designó como funcionario diplomático en la embajada de Venezuela en Roma.
En 2014 fue nombrado magistrado del TSJ por una Asamblea Nacional que entonces estaba totalmente controlada por el chavismo.
En febrero de 1017, el propio dictador Maduro, lo instala en el cargo de presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Acerca de las investigaciones de seguridad nacional de ICE
HSI es el brazo investigador principal del Departamento de Seguridad Nacional y un activo vital de los Estados Unidos para combatir las organizaciones criminales que explotan ilegalmente los sistemas de viajes, comercio, finanzas e inmigración de Estados Unidos. En todo el país y en todo el mundo, HSI utiliza sus autoridades únicas y expansivas para investigar todo tipo de delitos transfronterizos, incluido el lavado de dinero, fraudes financieros y estafas, narcotráfico, explotación infantil, pandillas transnacionales, identidad y fraude de beneficios, propiedad intelectual robo y fraude comercial, contrabando y tráfico de personas, transferencia ilícita de tecnología, tráfico de armas, terrorismo y amenazas a la seguridad nacional, violaciones de los derechos humanos y crímenes de guerra, y cibercrimen.
Con más de 8,500 agentes especiales y analistas de inteligencia asignados a más de 200 ciudades en los EE. UU. y más de 80 oficinas en 53 países de todo el mundo, HSI es un socio clave de las organizaciones locales, estatales, federales y extranjeras de aplicación de la ley en todo el mundo.
