La Cámara de Diputados de Chile aprobó por 70 votos a favor, 78 en contra y una abstención la acusación constitucional en contra del Intendente de la región Metropolitana, Felipe Guevara Stephens por vulnerar el derecho a reunión de los ciudadanos en el marco del estallido social que se produce en la nación austral.
En este sentido el representante se gobierno fue acusado de no respetar las manifestaciones respaldando una estrategia de copamiento preventivo por parte de Carabineros, la cual se aplicó en Plaza Italia en las manifestaciones de los días 20 y 27 de diciembre, vulnerando la Constitución en relación a la libertad de expresión, el derecho de reunión y el principio de legalidad.
Ante esto Guevara Stephens quien, arriesga dejar la Intendencia Metropolitana y no poder ocupar cargos públicos por cinco años, aseguró que autorizó 16 marchas políticas o gremiales, pese la opinión contraria de Carabineros, que decía que no tenía capacidad para controlarlas.
“Por ello creo injusta esta acusación constitucional”, agregó.
A su vez argumentó que no se entiende que se le acuse de no permitir manifestaciones los días 20 y 27 diciembre, cuando en la práctica estas se realizaron y remarcó que su deber como autoridad es procurar el restablecimiento del orden, la libre circulación y la seguridad de las personas, lo que no implica determinar los procedimientos policiales que se utilicen para ello, como fue el caso del denominado “copamiento”, que implica disponer de recursos policiales adicionales en un lugar.
Por otra parte el diputado Diego Ibáñez (CS) cuestionó el proceder de Guevara en el transcurso de las manifestaciones, acotando que el derecho a la libertad de reunión fue vulnerado por omisión constitucional al tiempo de instar a “analizar la idoneidad de la decisión estratégica que llevó a las policías a violar los Derechos Humanos”.
El proceso ahora deberá pasar al Senado, en donde una comisión defenderá la acusación constitucional. A su vez Guevara Stephens quedará inhabilitado de sus funciones de forma temporal, acto que cesará sólo si el Senado desestima la acusación.
