La presidencia de la República divulgó una nota oficial la noche del viernes para rebatir la acusación de que el presidente Michel Temer habría actuado para beneficiar a amigos empresarios en la edición del Decreto de los Puertos el año pasado en investigación conducida por la Fiscalía General de la Fiscalía República (PGR).
“Tal decreto nació tras la creación de un grupo de trabajo por el Ministerio de Transportes que realizó amplio y público debate, en reuniones que ocurrieron entre septiembre de 2016 y mayo de 2017”, dice la nota. Según el gobierno federal, “autoridades intentan crear narrativas que generen nuevas acusaciones” y el decreto editado en 2017 no se aplica a la empresa Rodrimar S / A, acusada de haber sido beneficiada en las reglas de licitación aprobadas para el sector de puertos.
“El hecho es que Rodrimar no encaja en este párrafo, en este artículo, en el todo del decreto o en su interpretación, por más amplia que se desee, conforme a la orden del Ministerio de Transportes: ‘Se concluye que las disposiciones del decreto nº 9048 / 17 no se aplican a los contratos de la empresa Rodrimar S / A ‘(…) Todas las áreas de Rodrimar serán relicitadas “, dice la nota.
“No hay señal de nombres, el Palacio de Planalto afirmó que” intentan una vez más destruir la reputación del presidente Michel Temer. Utilizan métodos totalitarios, con cercenamiento de los derechos más básicos para obtener, forzosamente, testimonios que puedan ser usados en piezas de acusación “.
Según la nota oficial de la Presidencia de la República, la investigación en curso atropella hechos y la verdad para retirar a Michel Temer de la vida pública y “impedirle seguir prestando relevantes servicios al país”. “Bastó la simple mención de la posible candidatura para que fuerzas oscuras surgieran para tejer nuevas tramas sobre viejos enredos maledicentes, en Brasil del siglo XXI, algunos quieren impedir candidatura, se busca impedir al pueblo la libre elección”, añade el gobierno.
Reunión
El presidente Michel Temer pasó parte de la tarde de reunido con el abogado Antonio Claudio Mariz de Oliveira, en el Palacio del Alvorada, acompañado de algunos ministros y auxiliares más cercanos, como Moreira Franco (Secretaría General), Gustavo do Vale Rocha (Derechos Humanos) Márcio Freitas (Secretaría de Comunicación Social). Después de que Mariz abandonó el Planalto, llegó al lugar el ministro jefe del Gabinete de Seguridad Institucional (GSI), Sergio Westphalen Etchegoyen. El grupo permaneció reunido hasta alrededor de las 19, cuando se divulgó la nota oficial.
Operación Skala
Ayer (29), la Policía Federal (PF) prendió, en carácter temporal (por cinco días), el abogado José Yunes, ex asesor de la Presidencia de la República. Las medidas fueron determinadas por el ministro Luís Roberto Barroso, relator de la llamada Encuesta de los Puertos, en el Supremo Tribunal Federal (STF). El ex ministro de Agricultura y ex presidente de la Compañía Docas del Estado de São Paulo (Codesp), Wagner Rossi, y el presidente del Grupo Rodrimar, Antônio Celso Grecco. También fue arrestado, en San Pablo, el coronel jubilado Juan Bautista Lima, amigo del presidente Temer
La empresaria Celina Torrealba, una de las propietarias del Grupo Libra, que también actúa en el ramo portuario, fue detenida en su apartamento, en Río de Janeiro. El mismo día, el ministro de la Secretaría de Gobierno, Carlos Marun, dijo que la detención de personas vinculadas al presidente no debilita al gobierno y que el presidente “no tiene que ver con eso”. La encuesta apura el presunto favorecimiento de la empresa Rodrimar S / A por medio de la edición del llamado Decreto de los Puertos (Decreto 9.048 / 2017), firmado por Temer en mayo del año pasado.
El texto completo de la nota oficial Secretaría Especial de la Presidencia de Comunicación Social de la República:
“El decreto de los puertos, bajo el cual está amparada la investigación sobre supuestos beneficios a la empresa Rodrimar, dice literalmente en su Artículo 47 A, § 3º:” Lo dispuesto en este artículo no se aplica a los contratos firmados antes de la vigencia de la Ley 8.830, de 25 de febrero de 1993 “.
La más baja lectura del decreto habría enterrado el año pasado la solicitud de apertura de tal investigación por el entonces procurador general de la República Rodrigo Janot. El hecho es que Rodrimar no encaja en este párrafo, en este artículo, en el todo del decreto o en su interpretación, por más amplia que se desee, conforme a la orden del Ministerio de Transportes: “Se concluye que las disposiciones del decreto nº 9048 / 17 no se aplican a los contratos de la empresa Rodrimar S / A.
Este decreto nació tras la creación de un grupo de trabajo por el Ministerio de Transportes que realizó un amplio y público debate en reuniones que ocurrieron entre septiembre de 2016 y mayo de 2017. Todas las áreas de Rodrimar serán relicitadas.
Sin tener hechos reales a investigar, las autoridades intentan crear narrativas que generen nuevas acusaciones. Buscan encuestas archivadas dos veces por el Supremo Tribunal Federal, basadas en documentos forjados y ya renegados formalmente a la justicia, y una vez más en una entrevista a la revista Veja de este fin de semana.
Tentan una vez más destruir la reputación del presidente Michel Temer. Usan métodos totalitarios, con cercenamiento de los derechos más básicos para obtener, forzosamente, testimonios que puedan ser usados en piezas de acusación. Repiten la trama de 2017, cuando ofrecieron los mayores beneficios a los hermanos Bautista para crear falsas acusaciones que involucrar al presidente. No consiguieron y repiten la trama, que, en el pasado, pareció tragedia, ahora suena la farsa.
El atropello de los hechos y de la verdad busca retirar al presidente de la vida pública, impedirle seguir prestando relevantes servicios al país, como lo hizo al superar la más fuerte recesión económica de la historia brasileña. Bastó la simple mención la posible candidatura para que fuerzas oscuras surgieran para tejer nuevas tramas sobre viejos enredos maledicentes. En el Brasil del siglo XXI, algunos quieren impedir la candidatura. Se busca impedir al pueblo la libre elección. Se repite la Constitución, las leyes y los decretos al sabor del momento. Se ven crímenes en actos de absoluto respeto a las leyes y total obediencia a los principios democráticos.
Agencia Brasil.-
