La corrupción, en sus distintas manifestaciones, es una amenaza a la institucionalidad democrática en todos los países. Está demostrado que solo con instituciones democráticas, es posible demandar y lograr transparencia en la gestión pública, enfrentar la corrupción, detectarla y castigarla.
En Nicaragua, la edificación del sistema democrático fue truncada por el orteguismo en complicidad con el liberalismo corrupto desde inicios del 2000. En los últimos diez años, Daniel Ortega concentró el poder político, un régimen autoritario y dictatorial que ha hecho crecer y afianzarse la corrupción en las instituciones del Estado. Hoy ya no se trata solamente de la malversación de fondos públicos, el desvío de recursos, la opacidad en el manejo del presupuesto y el tráfico de influencias. La corrupción ha hecho que el país y sus instituciones sean vulnerables a la penetración impune del crimen organizado y que este emplee el país para la ejecución o protección de sus delitos.
Un reciente informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, llamado Informe de la Estrategia de Control Internacional de Narcóticos, aborda entre otros temas, los delitos financieros y de blanqueo de capitales. En ese reporte, Nicaragua aparece por primera vez en la lista de países que ocupa el primer grupo de interés, por el lavado de dinero. Si bien Nicaragua no es un centro financiero relevante, su ubicación en la ruta del tráfico de drogas y la corrupción estatal, la torna propicia para el blanqueo de dinero, las transacciones financieras de fondos procedentes del narcotráfico y de operaciones corruptas en otras partes del continente.
El citado informe señala que el promedio anual de las transacciones con dinero de fuentes criminales, del narcotráfico en particular, a través de las instituciones financieras nicaragüenses, fue de 3,027 millones de dólares, para un total de 30,273 millones de dólares durante la década 2004-2013. El monto ha ido en aumento cada año.
El gobierno de Daniel Ortega, contrario a procurar transparencia, ha aumentado el control unipersonal sobre el destino y el manejo de los bienes y recursos que se incautan al crimen organizado. Una reforma a la ley correspondiente, hecha por la Asamblea Nacional, le otorgó poder personal a Ortega, para decidir el destino de esos bienes.
En los últimos 10 años, el uso discrecional y privado de los fondos generados por la cooperación petrolera venezolana, le ha permitido a Ortega y su familia, construir un multimillonario emporio económico que está presente en todas las esferas de la economía del país, operando con absoluta ventaja, en una oscura mezcla de los intereses de su grupo económico y su familia.
El control que ejerce en el Estado, le ha posibilitado, hasta ahora, no solo actuar impunemente, sino también ofrecer impunidad. El caso más relevante es la protección otorgada en territorio nicaragüense al ex presidente salvadoreño, Mauricio Funes, quien está siendo procesado por enriquecimiento ilícito en su país.
Las acusaciones de los Estados Unidos contra el vicepresidente venezolano Tareck El Aissami y otros altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, por narcotráfico y otros ilícitos conexos, y más recientemente, la solicitud de un grupo de congresistas estadounidenses de investigar a José Luis Merino, dirigente del FMLN y viceministro del gobierno salvadoreño, jefe de los negocios vinculados a la comercialización del petróleo venezolano y a inversiones conexas, en aplicación de la Ley de Designación de Capos Internacionales por sus presuntos vínculos de actividades bancarias ligadas al lavado, son indicativos sólidos de la información que manejan las esferas gubernamentales de los EEUU. Ortega posee vínculos de negocios con Venezuela y con las empresas del Alba en El Salvador.
El involucramiento de nicaragüenses en delitos vinculados al crimen internacional, desde las estructuras de gobierno o desde el ejercicio privado, solo puede permanecer impune por la protección del régimen de Daniel Ortega.
La corrupción en las instituciones del Estado, en especial en el sistema judicial, las aduanas y otras relevantes, daña la economía de país, pues afecta el clima de inversiones. La impunidad, por su parte, eleva el grado de inseguridad en el país, pues afecta a todos los nicaragüenses que no encuentran respuesta en las instituciones, ni justicia a sus reclamos.
En las últimas semanas, el periódico La Prensa ha mostrado investigaciones sobre el otorgamiento de préstamos con dinero de la seguridad social, en condiciones concesionales y sin garantías adecuadas a empresarios privados, mientras se niega a los asegurados y jubilados las prestaciones de salud adecuadas a su condición.
La demanda de transparencia en la gestión gubernamental, de justicia y cese de la impunidad, son demandas de los nicaragüenses, consustancial a nuestra lucha por la democracia en Nicaragua.
Perfil
El Movimiento Renovador Sandinista (MRS), se constituyó el 21 de mayo de 1995, en Managua, en homenaje al nacimiento de Sandino. En esa fecha se realizó su Convención Constitutiva, aprobándose sus principios, programa y estatutos. El MRS surge de una escisión del entonces FSLN, a causa principalmente de contradicciones sobre la política y la acción del partido, en relación a la democracia interna, la lucha política y social y las reformas constitucionales, en clara oposición a la creciente tendencia caudillista de Daniel Ortega.
Sitio web: http://www.partidomrs.org
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