Por Andrés Sierra.-
En ocasiones la actividad política suele encontrarse con claroscuros, zonas grises e incluso vacíos legales, pero existen límites que no deberían cruzarse, entre ellos, la utilización de recursos públicos en la campaña electoral. En Rocha, el caso que involucra al ex Intendente Aníbal Pereyra del Frente Amplio, podría servirnos para comprender lo que sucede cuando lo público se mezcla con lo privado, o mejor dicho, cuando lo institucional se cree como partidario. A pesar de las varias interrogantes, aún no se encuentran respuestas satisfactorias debido a que la investigación presentada por los ediles del Partido Nacional, María Inés Rocha y Miguel Sanguinetti, indica que los pagos realizados al asesor Marcel Lhermitte, previo a las elecciones de octubre de 2019, carecen de una justificación clara en términos de los servicios prestados a la Intendencia.
Fue entonces que la Junta Departamental de Rocha resolvió presentar denuncia penal contra el exintendente del FA, Aníbal Pereyra.
“Hay pruebas suficientes de que este asesor trabajó para promocionar la figura política de Aníbal Pereyra y al MPP. La Intendencia de Rocha no necesitaba esos servicios. Y la persona contratada solo expedía recibos de pago a la Intendencia de Rocha. No fue contratado por nadie más”, dijo Sanguinetti.
Frente a las acusaciones, Pereyra ha reaccionado con vehemencia, calificando las denuncias como calumnias y acusando a sus detractores de perseguirlo políticamente. Sin embargo, su defensa no aborda las cuestiones cruciales del caso. ¿Por qué no existen documentos que respalden la contratación de Lhermitte? ¿Por qué los pagos coinciden con los meses previos a las elecciones? Y lo más inquietante de todo, ¿cómo puede justificarse que alguien contratado para brindar servicios gubernamentales estuviera, al mismo tiempo, desempeñando un rol activo en una campaña electoral, según los denunciantes?
En su defensa Pereyra dice que “Lo contratamos como asesor de gobierno y no como asesor de campaña. Algunas contrataciones coinciden con instancias electorales y otras no”, aseguró.
La falta de explicaciones claras y la evasión de las preguntas no hacen más que alimentar la desconfianza, pues, aunque el ex intendente insiste en que toda su contratación se ajustó a Derecho, sus respuestas carecen de la contundencia necesaria, pareciendo un intento de desviar la atención de un esfuerzo por esclarecer los hechos, entre ellos, el hecho de que Lhermitte no tenga un contrato formal con la Intendencia, a diferencia de otros proveedores.
Una cuestión que quedará en manos de la Justicia, donde en las últimas horas se ha radicado la denuncia correspondiente, no siendo sólo una cuestión de fondos públicos sino de la confianza de los ciudadanos en las instituciones, ¿será que ésta vez la Fiscalía verá más allá de los colores políticos?
