La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua ha prohibido, por tercer año consecutivo, las procesiones en las calles del país, donde la Iglesia Católica sufre una feroz persecución por parte del régimen desde hace algunos años, según denuncia la agencia de noticias católicas ACIPRENSA.

“Antes salíamos a las calles y hacíamos un recorrido por las comunidades, ahora ya no. Tenemos que hacerlo dentro del templo, y eso merma un poco la religiosidad popular, porque a la gente le gustaba la procesión. Ahora, solo rezamos y leemos las estaciones”, comenta a un diario local un fiel de nombre Marcos, que sirve en una iglesia en Managua y Aurelio, de 35 años, revela que: “Ya conocemos quiénes son los que llegan de civil, recientemente hubo una kermés y ahí los vimos. Toman fotos, ven quiénes están y qué se está haciendo. El sacerdote debe brindar información”, explicó.

También se informa que el Gobierno de Ortega pondría 14.000 policías en las calles para evitar procesiones en la Semana Santa de Nicaragua.

El Domingo de Ramos, Mons. Silvio Báez, obispo nicaragüense en el exilio, escribió en su cuenta de X que “la dictadura de #Nicaragua ha prohibido procesiones en la calle. Lo que no podrán impedir es que el Crucificado revele su victoria en cada lucha por la verdad y la justicia, en cada esfuerzo por defender la dignidad de las personas y en cada acto de solidaridad por las víctimas”.

El mismo 13 de abril, el P. Nils Hernández, sacerdote nicaragüense exiliado que trabaja en la parroquia Reina de la Paz, de la Arquidiócesis de Dubuque, Iowa (Estados Unidos), señaló que “Jesús va a derrocar a esos dictadores que se han robado a Nicaragua como que fuera su finca. Dios mira el sufrimiento de su pueblo y Dios no abandona a Nicaragua, aunque los codictadores [Ortega y Murillo] piensan que ellos seguirán triunfando”.

A siete años del inicio de la crisis en Nicaragua, CIDH condena la consolidación del régimen autoritario

Este 14 de abril a siete años del inicio de la crisis de derechos humanos en Nicaragua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena la continua represión estatal y la consolidación de un régimen autoritario. Asimismo, expresa su solidaridad con las víctimas y familiares de las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas desde el 18 de abril de 2018, recuerda a las más de 300 personas que perdieron la vida en el marco de la represión estatal y reafirma su compromiso de promover y proteger los derechos humanos en Nicaragua.

La situación de derechos humanos en Nicaragua sigue siendo una de las más críticas de la región y continúa deteriorándose. A través de su Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), la Comisión sigue recibiendo información sobre graves violaciones a los derechos tales como detenciones arbitrarias; denuncias de desapariciones forzadas; violaciones al debido proceso y las garantías judiciales; tratos crueles, inhumanos y degradantes en contra de las personas privadas arbitrariamente de la libertad; restricciones a la libertad de movimiento; privación arbitraria de la nacionalidad; destierro; así como persecución religiosa y severas restricciones al espacio cívico, tanto en el entorno físico como digital.

A ello se suman las reformas constitucionales publicadas en febrero de este año entre las cuales destaca la centralización del control absoluto del poder político en la Presidencia, encabezada por un Co-Presidente y una Co-Presidenta. Con ello se consolida bajo una apariencia de legalidad el desmantelamiento de la institucionalidad democrática, así como una serie de reformas contrarias a los estándares internacionales sobre derechos humanos, en un Estado en el que desde hace varios años los pesos y contrapesos propios de un sistema democrático dejaron de existir.

Actualmente, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, 42 personas se encuentran privadas arbitrariamente de su libertad, en condiciones contrarias a la dignidad humana, que forman parte del registro de más de 2.000 detenciones arbitrarias documentadas desde el inicio de la crisis en 2018. En 2024, la CIDH adoptó 13 medidas cautelares para proteger a personas en riesgo grave e irreparable y solicitó la ampliación de dos medidas provisionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las cuales fueron otorgadas.

Según la información recibida, 5,441 organizaciones de la sociedad civil que desempeñaban un papel fundamental en áreas sociales, religiosas, de desarrollo y educativas fueron canceladas arbitrariamente desde 2018. En numerosos casos, estas cancelaciones han ido acompañadas de la confiscación y apropiación ilegítima de bienes.

En este contexto de cierre de espacio cívico, persiste la persecución contra periodistas, personas defensoras, periodistas, artistas y cualquier persona percibida como opositora. El gobierno mantiene el control sobre los medios de comunicación y el entorno digital mediante mecanismos de censura, manipulación del sistema penal y medidas administrativas restrictivas que buscan silenciar voces críticas y consolidar su monopolio informativo. En ese sentido, el 13 de marzo pasado se registró el bloqueo arbitrario de sitios web que operan bajo el dominio .com.ni, y que incluyen los de medios de comunicación como Confidencial, La Prensa, 100% Noticias y Onda Local.

Asimismo, continúa la persecución contra líderes religiosos y comunidades de fe mediante detenciones arbitrarias, expulsiones y la confiscación de bienes como represalia por su trabajo. Desde 2023, al menos 46 religiosos han sido detenidos, excarcelados y posteriormente expulsados del país. Además, el Gobierno mantiene la imposición de severas restricciones a la libertad religiosa, incluyendo la prohibición de celebraciones en espacios públicos, la vigilancia de ceremonias, la moderación de sermones, y la criminalización de expresiones de fe.

La violencia contra los pueblos indígenas y afrodescendientes en la Costa Caribe sigue agravándose, impulsada por la invasión de colonos y la expansión de actividades extractivas. Los colonos armados buscan despojar a las comunidades de sus territorios ancestrales mediante el uso de la violencia, lo que resultado en desplazamientos forzados. Esta situación persiste bajo la tolerancia estatal, consolidando un contexto de violencia, impunidad y desprotección para las comunidades afectadas.

Adicionalmente, más de 450 personas han sido despojadas arbitrariamente de su nacionalidad, lo que ha generado casos de apatridia. Además, según información proporcionada por las organizaciones de la sociedad civil, desde enero de 2024 se han documentado al menos 290 casos de nacionales a quienes se les ha negado la entrada al país, y 348 actos de represión migratoria, como desplazamientos forzados y expulsiones colectivas. A la fecha, más de 400.000 personas se han visto forzadas a huir de Nicaragua para proteger su vida, integridad y libertad personal. Del mismo modo, el Gobierno ejerce un control arbitrario sobre la renovación de documentos de identidad y confisca documentos válidos de viaje.

La CIDH urge al Estado de Nicaragua a cesar de inmediato las violaciones a los derechos humanos, restablecer el Estado de derecho y a liberar de inmediato a todas las personas que se encuentran privadas arbitrariamente de su libertad por motivos políticos. Asimismo, hace un llamado a la comunidad internacional a redoblar los esfuerzos para exigir el fin de la represión y adoptar medidas concretas para el restablecimiento de la democracia en el país.

Finalmente, la CIDH reitera su solidaridad con las víctimas y sus familiares por las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas desde el 18 de abril de 2018, y reafirma su compromiso de continuar promoviendo y protegiendo los derechos humanos en Nicaragua. Para ello, seguirá monitoreando de cerca la situación en el país a través del MESENI, denunciando las violaciones registradas y publicando regularmente actualizaciones sobre la situación en su sitio web.