La crisis de derechos humanos en los centros de detención de presos por razones políticas en Venezuela se agrava y prende las alarmas de organizaciones como la de Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), que registra una población de 80 personas en condiciones graves de salud que no han recibido atención médica adecuada por parte del Estado venezolano.
En entrevista en el programa La Noche de NTN24, Martha Tineo, abogada y coordinadora de JEP, destacó que la organización ha documentado una sistemática omisión de las autoridades ante las múltiples solicitudes legales y médicas de los familiares y abogados de los detenidos.
«Los recursos los han intentado todos», afirmó Tineo. “Se han presentado solicitudes ante tribunales, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público a través de la Dirección de Derechos Fundamentales, y al Ministerio del Servicio Penitenciario. No se trata de que las autoridades no conozcan la situación, sino de que no le dan curso a estas peticiones”, dijo con preocupación.
Enfermedades graves sin tratamiento
La organización mantiene un registro de más de ochenta (80) presos políticos en condiciones de salud críticas, muchos de ellos con diagnósticos de enfermedades graves como cáncer, insuficiencia renal, enfermedades cardiovasculares, respiratorias, entre otras patologías que requieren atención especializada y urgente.
Denunció que en muchos casos, los detenidos por razones políticas han desarrollado estas condiciones dentro de los centros de detención. Esto debido a la insalubridad, el hacinamiento, la falta de atención médica, la alimentación deficiente y la ausencia de agua potable.
Casos como el de la defensora de Derechos Humanos, Rocío San Miguel, que presenta una fractura desde hace más de 7 meses, evidencian cómo personas que ingresaron con buena salud han terminado gravemente enfermas por las condiciones carcelarias. “También ocurre que como consecuencia de las torturas a las que fueron sometidos, se han generado enfermedades. Y en otros casos, los presos ya tenían patologías antes de ingresar, pero al no recibir atención médica adecuada, sus condiciones han empeorado”, agregó Tineo.
Hostigamiento a las familias por denuncias
A pesar de que las solicitudes médicas han sido debidamente introducidas por las vías legales, el Estado venezolano ha hecho caso omiso. “Hay informes médicos consignados a los expedientes judiciales, informes dirigidos a los centros de atención, al Ministerio de Servicios Penitenciarios, a la Defensoría. No es desconocimiento, es negligencia deliberada”, subrayó la defensora de derechos humanos.
Destacó que la gravedad del abandono institucional ha motivado a las familias a emprender acciones públicas de denuncia y visibilización, muchas veces bajo riesgo de hostigamiento, vigilancia y persecución por parte del Estado. “Estas acciones intentan que se logre la atención debida. Nos duele muchísimo y nos preocupa aún más que, en vez de atender las peticiones, se sumen nuevas violaciones, esta vez contra los propios familiares. Es una cadena de violaciones sistemáticas y permanentes”, afirmó Tineo.
La emergencia sanitaria en las cárceles se ha convertido en un componente central del patrón sistemático de represión política documentado por organismos nacionales e internacionales. Las condiciones de detención no solo violan la Constitución de Venezuela, sino también los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por el país.
“Estamos hablando de la vida de estas personas, que está siendo severamente comprometida. Es urgente que las autoridades nacionales atiendan el clamor de las familias. Que se les dé curso a las peticiones por una atención médica digna. Además, que se revisen los casos para considerar medidas sustitutivas a la privación de libertad”, concluyó.
