Un grupo de relatores independientes de derechos humanos de la ONU emitió una declaración alertando sobre el incremento de las desapariciones forzadas en Venezuela. En su pronunciamiento, instaron al gobierno a respetar el derecho internacional y garantizar la integridad de las víctimas.
Según los expertos, los casos de desapariciones forzadas se registraron en diferentes momentos clave del proceso electoral de 2024: antes de los comicios presidenciales de julio, después de la elección y durante la toma de posesión del actual presidente en enero de 2025.
La práctica, dirigida contra miembros de la oposición, activistas pro democracia y defensores de derechos humanos, no solo busca silenciar voces disidentes, sino que también siembra el temor en la sociedad y refuerza la impunidad y la justicia selectiva en el país.
Búsqueda de justicia en instancias internacionales
Frente a un sistema judicial que ha sido calificado como sesgado y disfuncional, las víctimas y sus familiares han recurrido a mecanismos internacionales en busca de respuestas. Diversas denuncias han sido enviadas por abogados, organizaciones de la sociedad civil y familiares de los desaparecidos a organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas.
Sin embargo, la falta de respuesta de las autoridades venezolanas agrava la crisis. En muchos casos, los recursos de hábeas corpus presentados para conocer el paradero de las personas detenidas no fueron tramitados o fueron rechazados, dejando a las familias en una incertidumbre desesperante.
Condiciones de los detenidos y violaciones a los derechos humanos
Denuncias previas han señalado que las desapariciones forzadas en Venezuela suelen tener una duración corta, pero se han convertido en una práctica sistemática utilizada como mecanismo de intimidación. Las autoridades locales detienen a personas sin revelar su paradero, impidiendo su contacto con abogados y familiares.
Los expertos han hecho un llamado urgente al gobierno venezolano para que garantice el acceso a los detenidos y respete las medidas cautelares otorgadas por organismos internacionales. Asimismo, han advertido sobre la presunta colaboración de múltiples entidades estatales en estas desapariciones, incluyendo cuerpos de inteligencia, fuerzas policiales y militares, e incluso sectores del poder judicial.
El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas recordó que todas las personas privadas de libertad deben tener garantizados sus derechos fundamentales, incluyendo el derecho a comunicarse con familiares y abogados. En el caso de ciudadanos extranjeros detenidos, recalcaron su derecho a contactar con las autoridades consulares de su país de origen.
Ante esta situación, los organismos internacionales han reiterado su exigencia al gobierno de Venezuela para que ponga fin a esta práctica y garantice el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos. La comunidad internacional sigue con atención la evolución de estos casos y el impacto que tienen en la estabilidad política y social del país.
