Los cuestionados magistrados sospechados de resoluciones indebidas de la Sala Tercera de Apelaciones en lo Penal de Guatemala, Alejandro Prado Estrada, presidente; Ingrid Vanessa García Vásquez, vocal I, y Mario Federico Hernández Romero, vocal II, son los responsables de enviar nuevamente a la cárcel al periodista José Rubén Zamora después de que la sala mencionada revocó el arresto domiciliario que tenía desde el 18 de octubre de 2024.
La decisión se tomó tras una petición del Ministerio Público (MP), considerado uno de los órganos más corruptos de Guatemala, que argumentó la necesidad de mantener al periodista bajo custodia debido a “riesgos procesales” en un caso por presunto lavado de dinero que es claramente una acusación infundada revelaron analistas judiciales.
El juez Erick García, quien en un inicio había autorizado el arresto domiciliario del periodista, esta vez fue el encargado de ejecutar la orden de la Sala, señalando que tanto él como su equipo han sido “víctimas de amenazas e intimidaciones por personas desconocidas”, por haber otorgado prisión domiciliaria a Zamora.
Amnistía Internacional exige liberación inmediata e incondicional de Jose Rubén Zamora. El periodista y preso de conciencia debe regresar hoy a la cárcel de Mariscal Zavala, en Ciudad de Guatemala, tras un fallo judicial.
Jose Rubén Zamora, de 68 años llevaba cuatro meses con una medida de arresto domiciliario. Sin embargo el 4 de marzo una sala de apelaciones anuló parcialmente el proceso y revocó la decisión de arresto domiciliario. Sus abogados presentaron un recurso ante la Corte Suprema de Justicia, el cual aún no ha sido resuelto.
“Condenamos la nueva detención, a todas luces arbitraria, del periodista Jose Rubén Zamora, que está siendo nuevamente encarcelado hoy solamente por sus labores periodísticas de investigación y denuncia de la corrupción” declaró Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Zamora declaró a los medios al salir de la audiencia, “El juez fue categórico al expresar que la audiencia tenía lugar y asignada bajo amenazas e intimidaciones. Cómo puede haber justicia en un contexto como ese, francamente creo que es heroico trabajar y fue mucho lo que hizo”, aseveró el periodista.
Por su parte, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, dijo en conferencia de prensa que continúan los intentos para hostigar al periodista José Rubén Zamora y que la intención de que regrese a prisión es una evidencia de la crisis que atraviesa el sistema de justicia en Guatemala.
Según informa EP INVESTIGA, Arévalo calificó como “absolutamente espurio” el caso que se sigue en contra del periodista y que “devela lo peor de la crisis en nuestro sistema judicial y evidencia las estrategias de criminalización que se están siguiendo desde el Ministerio Público”.
“No es solo Jose Rubén Zamora exclusivamente quien está afectado, no son únicamente los periodistas quienes están siendo intimidados y amenazados, es el pueblo de Guatemala el que sufre ante una continuación de manipulación y criminalización del aparato de justicia”, aseguró. Arévalo hizo un llamado al Organismo Judicial para que retome la senda para entregar una justicia clara y con altos estándares a todos los guatemaltecos.
Magistrados de la Sala Tercera de Apelaciones en lo Penal bajo sospecha
En octubre de 2024, el diario La Hora, informaba que magistrados de esa sala penal, como Alejandro Prado Estrada, designado como el presidente de la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal para el período 2024-2029, fue defensor de acusados de corrupción como del caso del diputado Alejos y también del expresidente Jimmy Morales.
El juez Mario Federico Hernández Romero, fue designado como magistrado vocal II de dicha Sala. Hernández, que también defendió al corrupto expresidente Otto Pérez Molina en el caso La Línea.
La corrupción en el Ministerio Público de Guatemala y las sanciones internacionales
La estructura de corrupción de la Fiscalía guatemalteca, encabezada por María Consuelo Porras Argueta y un séquito de fiscales corruptos que, amparados por las leyes vigentes, se mantienen en sus puestos a pesar de sus actos contra la democracia.
En febrero de 2024, la Unión Europea sancionó a la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, y a otros cuatro funcionarios de la Fiscalía por “acciones que socavan la democracia, el Estado de Derecho o la transferencia pacífica del poder en Guatemala”, según un comunicado.
La oficina de la Unión Europea en Guatemala, dio a conocer que fueron sancionados por sus acciones ilegales, el juez Fredy Orellana, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, José Rafael Curruchiche, y dos miembros más del Ministerio Público guatemalteco: el secretario general, Ángel Arnoldo Pineda, y la fiscal Leonor Morales.
En mayo de 2022 el Departamento de Estado de los Estados Unidos sancionó “a la fiscal general de Guatemala, María Consuelo Porras Argueta, debido a su participación en hechos significativos de corrupción. Durante su gestión, Porras obstruyó y menoscabó en forma reiterada investigaciones contra la corrupción en Guatemala con el propósito de proteger a sus aliados políticos y conseguir favores políticos indebidos. El patrón de actos de obstrucción en los que incurrió Porras presuntamente incluyen dar instrucciones a fiscales del Ministerio Público de Guatemala de que desestimen casos sobre la base de consideraciones políticas y destituyan a fiscales que investigan casos sobre actos de corrupción”.
La corrupción del Ministerio Público
Cuando asumió Bernardo Arévalo la presidencia de Guatemala , en enero de 2024, recibió una herencia maldita que por la Constitución del país no puede cambiar y es la conformación del ministerio público, encabezado por un personaje siniestro, la ultraderechista María Consuelo Porras Argueta y un séquito de fiscales corruptos que, amparados por las leyes vigentes, se mantienen en sus puestos a pesar de sus actos contra la democracia.
El Centro Cyrus R. Vance para la Justicia Internacional del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York, junto con el Laboratorio de Impacto del Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de Stanford, publicaron un informe que documenta graves faltas de conducta y abuso de poder por parte del Ministerio Público de Guatemala bajo su liderazgo actual. Las dos organizaciones destacan la falta de un mecanismo independiente e imparcial para exigir cuentas a la Fiscal General, María Consuelo Porras Argueta, por mala conducta y emiten recomendaciones al Estado de Guatemala para que realice reformas.
El informe, titulado “Por encima de la ley: el Ministerio Público en Guatemala”, recopila y analiza por primera vez decenas de hallazgos oficiales realizados por varios organismos multilaterales y gobiernos contra el Ministerio Público, entre ellos denuncias de obstrucción de investigaciones de corrupción, uso del derecho penal como herramienta para perseguir a operadores de justicia, periodistas y defensores de derechos humanos, e intentos de subvertir la democracia.
