La Asamblea Legislativa de El Salvador, con mayoría oficialista del partido Nuevas Ideas (NI), aprobó este viernes una reforma al Código Penal que aumenta significativamente las penas de prisión para funcionarios públicos involucrados en actos de corrupción.
Con 59 votos a favor y solo uno en contra, la Asamblea aprobó modificaciones que endurecen las sanciones por delitos como peculado, cohecho y enriquecimiento ilícito. Las penas entrarán en vigor ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.
Penas más severas contra la corrupción
La reforma contempla un aumento considerable en las penas de prisión; Peculado: de 6 a 15 años de cárcel; Cohecho propio: de 6 a 9 años; Malversación: de 3 a 9 años; Enriquecimiento ilícito: de 5 a 15 años; Tráfico de influencias: de 6 a 9 años y Cohecho activo: de 6 a 10 años.
Antes de esta reforma, algunas de estas infracciones solo conllevaban multas económicas. Ahora, además del incremento en las penas de prisión, se endurecen las sanciones económicas y los periodos de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Asimismo, se incorporan nuevos delitos a la legislación penal.
Creación del Sistema Nacional Integrado Anticorrupción
Paralelamente, la Asamblea aprobó la creación del Sistema Nacional Integrado Anticorrupción, un organismo conformado por representantes de 12 instituciones públicas y liderado por la Fiscalía General. Su misión será coordinar estrategias de prevención, investigación y sanción de la corrupción, además de habilitar un canal para recibir denuncias ciudadanas.
Estas reformas aplicarán tanto a funcionarios y empleados de los tres órganos del Estado como a particulares involucrados en actos de corrupción. Entre los delitos que ahora recibirán mayor sanción figuran actos arbitrarios, incumplimiento de deberes, desobediencia, revelación de información secreta, negociaciones ilícitas y exacción, entre otros.
La reforma fue respaldada casi por unanimidad, con la única oposición de la diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos.
Con esta medida, el Legislativo refuerza su compromiso en la lucha contra la corrupción, una deuda pendiente en la legislación salvadoreña, ya que estas normas no habían sido modificadas desde 1998.
