El Gobierno de Chile informó que está evaluando un proceso de regularización acotada para los migrantes que participaron en el proceso de empadronamiento biométrico llevado a cabo entre julio y diciembre de 2023. La iniciativa, según explicó el subsecretario del Interior, Luis Cordero, tiene como objetivos principales fortalecer la seguridad y aprovechar los beneficios económicos asociados a una gestión migratoria ordenada.
“Esas personas participaron de buena fe en ese proceso, son antecedentes de los cuales disponemos, hay un conjunto de evidencia disponible que da cuenta de cuál es el perfil de esas personas y en qué situación se encuentran”, afirmó Cordero, quien subrayó que el empadronamiento permitió recopilar información clave sobre esta población, agregando “el Estado de Chile está estudiando llevar a cabo un proceso de regularización acotado de personas que se encuentren en situación irregular y que cumplan con los requisitos y los criterios de tener arraigo familiar o laboral en nuestro país”.
Razones de seguridad y económicas
El subsecretario enfatizó dos razones fundamentales para esta posible regularización. En primer lugar, señaló la importancia de la seguridad. “Saber dónde están esas personas y evitar su exclusión es crucial, porque las personas migrantes no regularizadas que no han cometido delitos deben ser protegidas de verse involucradas en actividades delictivas, ya sea como víctimas o en asociación con bandas criminales”, indicó.
En segundo lugar, Cordero destacó las implicancias económicas de la medida. “En una conferencia que tuvimos en la OIT con los líderes de los sectores empresariales del país, se presentó el estudio del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, que analiza los impactos económicos de los migrantes en Chile. Esos estudios confirman que la integración adecuada de los migrantes puede ser una ventaja económica para el país”, puntualizó.
Requisitos del empadronamiento
El proceso de empadronamiento biométrico, que se implementó como una herramienta para mejorar el control y la comprensión de la población migrante en situación irregular, exigía que los interesados presentaran una autodenuncia de ingreso clandestino ante la Policía de Investigaciones (PDI) con fecha máxima al 30 de junio de 2023. Además, debían registrarse en una plataforma digital habilitada para dicho fin.
La regularización de quienes cumplieron estos requisitos representa, según el Gobierno, una oportunidad para avanzar en una gestión migratoria humanitaria y ordenada, que promueva la seguridad y el desarrollo económico del país.
