Aplicando el principio de jurisdicción universal que permite a un Estado juzgar y sancionar a los autores de delitos graves, sin importar el lugar donde se cometieron, la nacionalidad de las víctimas o del autor, el juez federal argentino, Ariel Lijo, ordenó la declaración indagatoria y la captura internacional del dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, y su vicepresidenta y esposa, Rosario Murillo.
La acusación es por su presunta responsabilidad en graves violaciones a los derechos humanos. El pedido de captura también alcanza a otros altos funcionarios del régimen nicaragüense, en el marco de una causa presentada en Argentina bajo el principio de jurisdicción universal. Este principio se basa en la idea de que enjuiciar los crímenes fundamentales es un interés de la humanidad en general. Su objetivo es que los criminales no encuentren refugio en el extranjero.
La denuncia fue presentada el 26 de agosto de 2022 por el abogado Darío Richarte y un equipo de profesores y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires. De acuerdo al expediente, Ortega, Murillo y otros funcionarios de su gobierno están acusados de crímenes de lesa humanidad, que incluyen asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, persecución política y desplazamientos forzados.
