Agentes de la Policía Nacional de España han desmantelado una organización criminal especializada en el acceso fraudulento al sistema de citas previas de la Administración General del Estado, falsificación de documentos y favorecimiento de la inmigración irregular. La operación, que culminó con 21 detenciones en las provincias de Alicante (17), Murcia (1) y Valencia (3), reveló un entramado sofisticado que lucraba a costa de vulnerar derechos y colapsar el sistema público.
La investigación, iniciada en 2023, se destapó tras un registro en el domicilio de la principal cabecilla, donde se incautaron numerosos dispositivos informáticos y documentos falsificados. El grupo desarrolló un sistema automatizado con “bots” para bloquear la oferta de citas en la plataforma digital de extranjería, monopolizando los turnos disponibles. Posteriormente, revendían estas citas por precios entre 15 y 30 euros, obteniendo ganancias que alcanzaban los 9.000 euros mensuales por cada miembro del grupo.
El método incluía la manipulación del servidor de la Subdirección General de Servicios Digitales para impedir el acceso gratuito al público general, obligando a los usuarios a pagar por un servicio que debería ser gratuito.
El entramado funcionaba como una red de tipo familiar, con una clara división de tareas. Mientras algunos miembros se encargaban del acceso ilegal al sistema, otros introducían datos falsos para acaparar la mayor cantidad de citas posibles. La organización también contaba con tutoriales grabados por la líder para instruir a colaboradores en la gestión de solicitudes fraudulentas, tanto para particulares como para empresas.
Además del negocio de citas, la líder del grupo utilizaba sus conocimientos en extranjería para falsificar documentos clave, como certificados de empadronamiento y contratos de seguro, que luego se utilizaban en solicitudes de residencia no lucrativa. Decenas de extranjeros pagaron a la organización para obtener estos documentos falsos, esenciales para regularizar su situación en España.
Impacto de las actividades delictivas
El colapso intencionado del sistema de citas dificultó gravemente el acceso de miles de ciudadanos a trámites esenciales. Por otro lado, la falsificación masiva de documentos generó una oleada de solicitudes fraudulentas en las subdelegaciones de gobierno, complicando los procesos administrativos y comprometiendo la legalidad de las autorizaciones emitidas.
La operación concluyó con la detención de 21 personas, quienes enfrentan cargos por delitos de daños informáticos, falsedad documental, pertenencia a grupo criminal y favorecimiento de la inmigración ilegal. Este caso pone en evidencia los riesgos asociados al uso indebido de herramientas digitales y la necesidad de reforzar los sistemas de ciberseguridad en las administraciones públicas.
