La Corte Suprema del Reino Unido rechazó una apelación presentada por el actual gobierno de Argentina, confirmando la condena que obliga al país a pagar 1.300 millones de euros a los bonistas, debido a la manipulación de estadísticas oficiales desde el kirchnerismo.
Esta causa internacional, conocida como ‘Cupón PBI’, viene desde 2013, cuando el Gobierno de la expresidente Cristina Kirchner modificó, sin un estudio previo, la forma de calcular el PBI para evitar realizar pagos adicionales a los tenedores de bonos emitidos en ocasión de los canjes de deuda de 2005 y 2010, según informó de jefe de Gabinete, Guillermo Francos, del actual gobierno de Milei, que heredó la nefesta herencia.
Francos afirmó que “las soluciones ‘creativas’ del populismo trajeron consecuencias económicas negativas que generaron el desprestigio del país” y dijo que se estudian las opciones tras el fallo porque “es nuestro mayor compromiso trabajar día a día para volver a ser un país serio para el mundo”.
El conflicto legal comenzó por una demanda interpuesta por cuatro fondos de inversión que poseían títulos del canje de deuda de 2005, los cuales ofrecían a los acreedores un pago adicional si el Producto Bruto Interno (PBI) de Argentina crecía por encima del 3,3%. anuales.
Según los demandantes, en 2013 Argentina cambió la metodología para calcular el PBI, con el objetivo de que el crecimiento no superara el umbral del 3,3%, lo que habría permitido al país evitar el pago correspondiente.
Ese año coincidió con la gestión de Axel Kicillof como ministro de Economía y la actuación del entonces secretario de Comercio, Guillermo Moreno, a quien se le atribuyó una influencia directa en el funcionamiento del INDEC. Ambas gestiones consideradas por economistas, como nefastas para Argentina.
La modificación en la forma de cálculo del PBI, realizada en el último trimestre de 2013, arrojó un crecimiento anual del 3,2%, quedando por debajo del umbral establecido.
Los acreedores llevaron el caso a los tribunales de Londres, donde obtuvieron una sentencia favorable que determinó que Argentina había alterado las estadísticas para perjudicar a los tenedores de bonos.
