Evo Morales tiene una orden de aprehensión en su contra por el delito de trata y tráfico de personas, que fue emitido por la Fiscalía de Tarija. Una vez fue conocida la orden, el fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, destituyó a la fiscal Departamental de Tarija Sandra Gutiérrez porque no obedeció la orden de no investigar el caso.
Sin embargo, antes de que se realice la notificación, en la ciudad de Santa Cruz se presentó este miércoles una “acción de libertad” que, en tiempo récord, dejó sin efecto la orden la aprehensión contra el expresidente, según la fiscal destituida, en declaraciones que recoge la agencia ABI.
Gutiérrez informó de la orden de aprehensión contra Morales y la arremetida de Lanchipa, quien también destituyó de sus cargos a ella y a otros dos fiscales que tenían la responsabilidad de investigar al expresidente por un delito considerado de lesa humanidad.
“A mí me dijeron: te dije que no hagas nada y no lo has hecho”, reveló la ahora exfiscal en declaraciones a la prensa en puertas de la Fiscalía de Tarija, adonde se le impidió ingresar.
De acuerdo con Gutiérrez, la denuncia fue presentada el 26 de septiembre en contra de Evo Morales y los padres de la víctima del delito de trata y tráfico.
El hecho se registró en 2015 en Yacuiba, Tarija, y la víctima por entonces era menor de edad, tenía 15 años, de acuerdo a los antecedentes descritos en la resolución fiscal de aprehensión. Tambien se describe que producto de la relación nació un menor que en la actualidad tiene ocho años, y que se encuentra registrado con Morales y la menor como sus padres.
Para investigar el caso, se conformó un equipo de fiscales que, ante el conocimiento de las evidencias e informes de inteligencia, ordena la aprehensión del expresidente.
La orden fue firmada por la directora Funcional de la Unidad de Trata y Tráfico, Pamela Obando, además de los fiscales Cristian Antonio Guerrero y Andrés Soruco.
Sin embargo, antes de que se realice la notificación, en la ciudad de Santa Cruz se presentó una “acción de libertad” en contra de Guerrero y Soruco, pero no de Obando.
En esa audiencia, “se les ha otorgado la tutela y se deja sin efecto esta resolución fiscal de aprehensión contra Juan Evo Morales por el presunto delito de trata y tráfico de personas”, explicó Gutiérrez.
Pero ya antes de esta resolución judicial, de acuerdo con Gutiérrez, había una decisión desde la Fiscalía General del Estado de que el caso contra Morales no se investigue.
A través del instructivo 392/2024, Lanchipa le ordena “dejar el caso” e informa que “quien se haría cargo de esta investigación sería la directora de la Fiscalía Especializada en Delitos de Razón de Género y Juvenil, la doctora Alejandra Sally Rocha Villarroel, que es la directora nacional que viene desde la Fiscalía General, y el fiscal de materia Ricardo Diego Caballero Quilla”.
Asimismo, le ordenó que “deje sin efecto la comisión que había designado para investigar este caso”.
En esta jornada, desde la Fiscalía General de Sucre llegó a Tarija las notas de agradecimiento de funciones para Gutiérrez, Guerrero y Soruco, pero no para Obando.
“Primero me llama y me dicen que en 20 minutos me llama el Fiscal General, y que en 20 minutos presente mi renuncia, cuestión que yo no lo hice, entonces, al llegar aquí (edificio de la Fiscalía) no me dejaron ni siquiera entrar a mi oficina”, protestó la exfiscal.
Gutiérrez responsabilizó de estas acciones al fiscal Lanchipa, como del envío de Rocha Villarroel y Caballero Quilla para parar “todas las investigaciones” contra el exmandatario.
Asamblea de DDHH rechaza accionar del fiscal general Juan Lanchipa
Por su parte, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH-CB) de Cochabamba expresó su rechazo ante las acciones que obstaculizan la protección de menores, en referencia a la destitución de fiscales que emitieron una orden de aprehensión contra Evo Morales, acusado por estupro y trata y tráfico de personas.
“Como institución reprochamos y rechazamos el accionar del fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, quien de forma irregular destituyó a los encargados de investigar al expresidente Evo Morales, implicado en delitos de estupro y trata y tráfico de personas”, señala parte de un comunicado.
Asimismo, la institución reprochó el accionar que impide la defensa de los derechos de los menores de edad.
El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) de Bolivia, Alberto Astorga, declaró que “se constata que Juan Lanchipa protege a Evo Morales” y que por eso “tiene que ser procesado”.
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El fiscal General Juan Lanchipa negó haya ordenado dejar de investigar este caso, como lo denunció Sandra Gutiérrez, poco después de ser destituida del cargo de Fiscal Departamental de Tarija por, justamente, -dijo- esta investigación y orden de aprehensión.
Lanchipa declaró que la fiscal Gutiérrez fue cesada por errores en los procedimientos y no por ordenar la aprehensión de Evo Morales, explicó.
Ministerio de Justicia se suma a la denuncia contra Morales y pide investigar a la jueza que anuló orden de aprehensión
El Ministerio de Justicia se sumó a la denuncia contra Evo Morales por el delito de trata y tráfico de personas y convocó al Consejo Plurinacional contra la Trata y Tráfico de Personas para tratar este caso, como medidas inmediatas asumidas tras la anulación de una orden de aprehensión contra Morales por la relación con una menor, de la que nació una niña.
La posición la fijó el ministro de Justicia, César Siles, quien añadió que, como parte denunciante, pedirá al Tribunal Constitucional Plurinacional la revocatoria de la decisión judicial que anuló la orden de aprehensión de Morales y la remisión de obrados al Ministerio Público, para que se investigue a la juez Lilian Moreno por favorecer al expresidente.
La noche del miércoles se hizo público la orden de aprehensión emitida contra Morales desde la Fiscalía de Tarija, por una denuncia de estupro y trata y tráfico de personas. La investigación estableció que Morales mantuvo una relación con una menor de 15 años en 2015 y un año después nació una niña que lleva su apellido, de acuerdo a un certificado de nacimiento.
Los padres de la menor, siempre según la indagación fiscal, se beneficiaron con cargos y viajes. El hecho ocurrió en Yacuiba, Tarija.
“Esta indignación que estamos mostrando como Ministerio de Justicia, como padre y miembro de esta sociedad nos exige la inmediata movilización y atención del caso”, aseguró Siles.
El fallo de la juez Moreno que favoreció a Morales pasó a revisión del Tribunal Constitucional Plurinacional. Ante esta instancia se pedirá anular el fallo, porque no solo revirtió la orden de aprehensión, sino también trasladó el caso que se investigaba en Tarija a Villa Tunari, lugar donde vive el principal acusado.
“Anunciamos públicamente y lo vamos a hacer, iniciaremos las acciones que corresponden contra esta autoridad jurisdiccional”, anunció y cuestionó la destitución de Gutiérrez y de los dos fiscales que investigaban la denuncia contra Morales, quien desde sus redes sociales se limitó a decir que “no me extraña ni me preocupa”, sin pronunciarse específicamente.
Para Siles, “estamos hablando de un delito transnacional, de interés no solamente en Bolivia, sino también por toda la comunidad internacional”.
Más temprano, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que también esta cartera de Estado se sumará a la denuncia contra el exmandatario, quien tiene otras dos denuncias de relación con menores de edad.