La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha presentado su informe titulado “Estado de excepción y derechos humanos en El Salvador”, en el cual se analiza el régimen de excepción implementado en el país desde marzo de 2022 y sus repercusiones en los derechos humanos.
El informe examina cómo el Estado salvadoreño ha adoptado medidas extraordinarias para combatir las maras y pandillas, un problema que ha impactado los derechos humanos de la población durante décadas. En este contexto, la CIDH recuerda que toda acción estatal contra la criminalidad organizada debe alinearse con las obligaciones legales e internacionales de protección de los derechos fundamentales.
Principales hallazgos y preocupaciones
La CIDH resalta el impacto del Decreto Legislativo N° 333, promulgado el 27 de marzo de 2022, que impuso un estado de excepción en todo el territorio nacional. Este régimen ha sido prorrogado en diversas ocasiones y ha permitido la suspensión de ciertos derechos y garantías.
Entre las preocupaciones señaladas por la CIDH destacan las detenciones masivas de 73.000 personas entre marzo de 2022 y noviembre de 2023, muchas de las cuales fueron privadas de su libertad bajo prisión preventiva. El informe detalla denuncias de detenciones ilegales, allanamientos sin orden judicial, abuso de la fuerza y violaciones a los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Asimismo, el informe destaca las deficiencias en el acceso a la justicia, tales como demoras en el control judicial de las detenciones, ineficacia en los recursos de habeas corpus y la falta de pruebas en los procesos penales. También se denuncian audiencias judiciales masivas y limitaciones en el derecho de defensa y el debido proceso.
Situación de las personas privadas de libertad
El informe describe el agravamiento de las condiciones en las cárceles del país, incluyendo el hacinamiento y el uso excesivo de la prisión preventiva. La CIDH señala además la muerte de entre 189 y 200 personas detenidas, sobre las cuales persisten incertidumbres y falta de investigación.
Libertad de expresión y derecho a la información
En cuanto a la libertad de expresión, la CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión subrayan la preocupación por reformas legislativas que restringen el acceso a la información y la cobertura periodística durante el estado de excepción. Estas reformas incluyen el aumento de la reserva de información pública por parte de las instituciones estatales.
Recomendaciones y llamado a la acción
La CIDH reitera que el estado de excepción debe ser una medida estrictamente limitada y temporal, en conformidad con los estándares interamericanos. En su informe, la Comisión hace un llamado al Estado de El Salvador a restablecer los derechos suspendidos y adoptar medidas más integrales para enfrentar la criminalidad, basadas en la prevención, el respeto a los derechos humanos y la rendición de cuentas.
La Comisión también insta al Estado a investigar las violaciones de derechos humanos, sancionar a los responsables y garantizar justicia para las víctimas. Finalmente, la CIDH ofrece su disposición para brindar asistencia técnica en este proceso, reafirmando su compromiso con la promoción y defensa de los derechos humanos en la región.
