El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este miércoles el inicio de la segunda fase de la “guerra” que declaró a las bandas del crimen organizado desde comienzos de este año. Mediante un decreto, Noboa estableció un nuevo estado de excepción que abarca siete de las 24 provincias del país, así como un municipio de una octava provincia.
El estado de excepción, que durará 60 días, afecta a las provincias costeras de Guayas (cuya capital es Guayaquil), Santa Elena, Manabí, El Oro y Los Ríos, además de las amazónicas Sucumbíos y Orellana, y el cantón de Camilo Ponce Enríquez en la provincia andina de Azuay, donde recientemente fue asesinado su alcalde.
Este nuevo decreto reemplaza un estado de excepción anterior, aplicado el 30 de abril en cinco provincias (Guayas, Santa Elena, Manabí, El Oro y Los Ríos) y declarado inconstitucional por la Corte Constitucional el 10 de mayo por falta de fundamentación adecuada. “Hoy nos encontramos en la segunda etapa de la guerra, una guerra que se ha sectorizado. Las bandas criminales, ante la ofensiva militar, se han resguardado y atrincherado en siete provincias”, afirmó Noboa en un mensaje en video publicado en redes sociales.
El presidente subrayó la necesidad de que las Fuerzas Armadas y la Policía tengan libertad de acción en las provincias más afectadas. “Para ganar en esta segunda etapa de la guerra necesitamos que se permita actuar a los militares, que los delincuentes y terroristas que se amparan y se burlan de la Justicia en su derecho a la inviolabilidad del domicilio, sepan que lo van a perder”, añadió.
El nuevo estado de excepción implica la suspensión de los derechos de inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia en los territorios mencionados. Además, ordena a la autoridad nacional de Derechos Humanos reportar aspectos relativos a ataques armados o amenazas de las bandas criminales. No obstante, no se dispone la movilización de las Fuerzas Armadas para apoyar a la Policía en operaciones contra el crimen organizado, ya que esta medida es permanente desde el referéndum del 21 de abril, donde se aprobó a petición de Noboa.
En dicho plebiscito, el mandatario recibió un amplio respaldo para una serie de nueve reformas destinadas a fortalecer la lucha contra el crimen organizado, aunque dos reformas en materia económica para legalizar los contratos laborales por horas y permitir arbitrajes internacionales con inversores en cualquier jurisdicción fueron rechazadas.
Desde el inicio del año, Noboa ha catalogado la lucha contra el crimen organizado como un “conflicto armado interno”, denominando a las bandas criminales como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales. Durante el estado de excepción a nivel nacional vigente del 8 de enero al 7 de abril, se militarizaron las cárceles, epicentros de la crisis de violencia del país, dominadas por bandas criminales.
A las bandas del crimen organizado, principalmente dedicadas al narcotráfico, se les atribuye la ola de violencia que azota a Ecuador, posicionándolo entre los países de Latinoamérica con mayor tasa de homicidios, con 47 por cada 100.000 habitantes en 2023, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO).
