Por Facundo Ordeig.-
El Gobierno de la República Oriental del Uruguay deberá pagar una indemnización de ochenta millones de dólares a la sociedad panameña que era propietaria de la empresa a la que pertenecían el 75% de las acciones de la aerolínea Pluna pues el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones consideró que el Estado es responsable por su cierre en 2012 en un proceso que entendió como violatorio de los tratados vigentes al tratarse de una expropiación por parte de la administración del Presidente José Mujica, quien al ser consultado por este hecho defendió las decisiones que se tomaron pese a que las mismas derivaron en el despido de seiscientos trabajadores, más de quince mil turistas varados, pérdidas en el entorno de los doscientos ochenta millones de dólares e incluso en el procesamiento con prisión del Presidente del Banco República, Fernando Calloia, a raíz del otorgamiento de un aval fraudulento al empresario argentino, Juan Carlos Lopez Mena.
Un hecho que el propio Mujica consideró como un acto de “buena fé”, llegando incluso a declarar tanto en los medios de comunicación como en la Justicia que Calloia no debería ser utilizado como “cabeza de turco” cuando él era el responsable por la globalidad de la operación, pero aunque a doce años de la misma continúan apareciendo consecuencias, el mandatario nunca ha enfrentado cargos e incluso sería válido cuestionar si ha sido investigado en profundidad, más aún si se tiene en cuenta que la Dra. Gabriela Fossati ha denunciado públicamente que la Fiscalía es una institución que se encuentra ideologizada desde el nombramiento de Jorge Diaz como Fiscal de Corte, a quien se llegó a acusar se advertir a Mujica acerca de los pedidos de procesamiento en torno a este caso, lo cual se encontraría prohibido por la norma.
Es el precio que pagamos los latinoamericanos por la dependencia, aseguró el ex mandatario antes de plantear la necesidad que en nuestro continente se cree un organismo que emule a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de derecho comercial pero aunque resulta ser una propuesta interesante, deberá quedar para otra ocasión pues debe mencionarse que la institución que nos condena es la misma que en Julio de 2016 emitió un fallo histórico en el que se dio la razón a nuestro Estado ante la demanda entablada por Philip Morris, dando a entender que la justicia sólo sirve cuando la misma se encuentra supeditada a los intereses de uno, al igual que hizo el precandidato del Frente Amplio, Yamandú Orsi, y el Presidente de dicha colectividad política al poner en tela de juicio la defensa que habría recibido nuestro país. Hecho no menor, pues la firma de abogados Foley Hoag es aquella que consiguió nuestra victoria ante la tabacalera para sentar un precedente en los tribunales, el cual, parecen no recordar u omitir en un vano intento de dirimir las responsabilidades tanto políticas como judiciales que podrían llegar a pesar en su contra.
Todo, a costas del ciudadano, porque los 80 millones de dólares más qué nos costarán la operación de la administración de Mujica no serán utilizados para el beneficio del pueblo, sino una vez más, del capital extranjero.
