Siete personas fueron detenidas en el departamento de Artigas en el norte de Uruguay, por presuntamente ser integrantes de una red de trata de personas que explotaba a 28 ciudadanos venezolanos. Según la información brindada por las autoridades, los empleadores los obligaban a trabajar en una mina de extracción de piedras semipreciosas en condiciones aberrantes.
Las víctimas fueron contactadas en Venezuela con la promesa de un trabajo en Uruguay muy bien remunerado, pero al llegar al país, fueran obligadas a vivir en la mina en condiciones infrahumanas y a trabajar más horas de lo acordado.
Como informara Telenoche, la Jefatura de Policía de Artigas, junto al Departamento de Delitos Complejos e Interpol detuvieron el viernes a siete personas, cinco hombres y dos mujeres (cuatro uruguayos, dos venezolanos y un brasileño) sospechosos de integrar un red de trata de personas.
Además, también fueron imputados los dueños de la cantera Santa Elena, el administrador y una psicóloga venezolana. Según la investigación preliminar, a los venezolanos se les prometió “miles de dólares” pero en realidad cobraban “apenas 150 dólares en algunos casos”, explicaron las fuentes. La tarea duraba 12 horas. Les prometieron 2.500 dólares, pero los hallaron en situación de “extrema vulnerabilidad”.
Entre los imputados se encuentra una abogada del Ministerio de Defensa. El ministro Javier García indicó a través de la red social X, exTwitter, que la mujer llevaba más de 30 años de carrera en dicha cartera. La funcionaria está acusada por asociación para delinquir en concurrencia con trata de personas en calidad de autora.
“No es asesora personal ni cargo de confianza, ocupa el cargo de jefa interina de sección notarial, cargo que ejercía”, escribió el ministro García.
https://twitter.com/JavierGarcia_Uy/status/1761531285179158846
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social investiga el caso. Un informe previo detectó “situaciones irregulares, indebidas” en la mina Santa Elena.
El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, condenó la explotación laboral y señaló que el Estado uruguayo tiene los instrumentos y la institucionalidad para combatirla. “Son cosas que obviamente son intolerables y merecen el máximo rechazo”, dijo.
