El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se defendió el viernes pasado por haber filtrado el número telefónico de una periodista del reconocido diario The New York Times. Esta acción se da en medio de la controversia desatada por un reportaje que vincula a allegados al mandatario con narcotraficantes.
Según informes de The New York Times, una investigación realizada por funcionarios estadounidenses arrojó información que sugiere posibles conexiones entre operadores poderosos de los cárteles y personas cercanas a López Obrador, tanto antes como durante su mandato. Sin embargo, el medio subraya que Estados Unidos nunca inició una investigación formal contra el presidente mexicano y que los funcionarios encargados de la indagación optaron por archivarla.
Al ser cuestionado sobre la difusión del número telefónico, el presidente López Obrador argumentó que “no puede haber ninguna ley por encima del principio sublime que es la libertad”. Además, se defendió acusando a la periodista de calumniarlo y vincularlo con el narcotráfico sin pruebas.
“¿Qué pasa cuando esta periodista me está calumniando? Me está vinculando a mí y a mi familia con el narcotráfico, sin pruebas”, expresó el mandatario, quien ha mostrado una postura confrontativa hacia ciertos sectores de la prensa, a los que acusa de servir a intereses privados.
La reacción no se hizo esperar. Jan-Albert Hootsen, representante en México del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), señaló que López Obrador “dijo explícitamente hoy que las leyes en el país no le aplican a él, que la violación de ellas por parte de él es intencional y que no le importan las consecuencias para el ejercicio de los derechos fundamentales”.
Por su parte, Balbina Flores, portavoz de la organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF), calificó el incidente como una “represalia” y exigió que el presidente se disculpe con la periodista. Flores recordó que México ha registrado al menos 149 asesinatos de periodistas desde el año 2000, según datos de su organización.
La controversia continúa en México mientras diversos sectores debaten sobre la libertad de prensa y los límites del ejercicio del poder presidencial en un país marcado por la violencia contra los comunicadores.
