La Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima ha ratificado la decisión de la Superintendencia Nacional de Migraciones que prohíbe el ingreso al territorio peruano al expresidente de Bolivia, Evo Morales.
La prohibición de ingreso a Morales fue impuesta el 6 de enero de 2023. Los abogados del exmandatario presentaron una demanda contra esta medida, que el Quinto Juzgado Constitucional de Lima declaró parcialmente fundada en noviembre pasado, considerando que podría afectar el derecho a la libertad del exmandatario.
Sin embargo, la Segunda Sala Constitucional, en su nueva resolución fechada el 30 de enero, concluye que la Superintendencia actuó dentro del marco legal peruano. Según el documento judicial, el actuar de Migraciones no fue arbitrario, respaldado por un informe de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior que identificaba a Morales como propulsor y participante de eventos políticos con el fin de desestabilizar el orden interno del país.
“La decisión de Migraciones se encuentra plenamente justificada, ya que existe un informe de inteligencia que califica al señor Morales como una amenaza para la seguridad del Estado”, cita el documento.
La controversia en torno a la presencia de Morales en Perú se intensificó tras la destitución y detención del presidente Pedro Castillo en diciembre de 2022, quien intentó inconstitucionalmente disolver el Congreso. Estas acciones desencadenaron protestas y manifestaciones en diversas regiones del país, dejando un saldo trágico de decenas de muertos.
Varios congresistas peruanos acusaron a Morales, uno de los más acérrimos críticos de la sucesora de Castillo, Dina Boluarte, de estar detrás de las protestas. En noviembre de 2021, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso peruano aprobó un pronunciamiento declarando a Morales como persona no grata por intromisión en los asuntos internos del país.
