El CIADI, Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones un organismo dependiente del Banco Mundial dedicado al arreglo de diferencias relativas a inversiones internacionales entre privados y Estados, ha fallado en contra de Uruguay, por lo cual le dio la razón a empresa panameña que compró las acciones de Leadgate.
Latin American Regional Aviation Company Holding (Larah), exaccionista de la aerolínea estatal Pluna, le entabló al Estado uruguayo por su presunta responsabilidad en el cierre de la compañía aérea en 2012. La clausura de Pluna S.A. ocurrió durante el gobierno de José Mujica (Frente Amplio).
En su dictamen, el tribunal arbitral señaló que el gobierno de José Mujica en 2012 vulneró los derechos de la compañía Larah. También sostuvo que dicho gobierno violó sus obligaciones internacionales mediante un “trato injusto”, “no equitativo” y “expropiatorio” con su conducta respecto de Pluna y su inversor, Latin American Regional Aviation Holding (Larah).
La sentencia afirma que la administración de Mujica, asfixió económicamente a Pluna para evitar las contingencias derivadas de la quiebra de Varig de las que el Estado uruguayo había acordado hacerse responsable.
El CIADI entiende que existió una serie de conductas violatorias por parte del gobierno de Mujica, señalando que la administración frenteamplista obstaculizó la obtención de un préstamo cuando Pluna estaba en una grave situación de iliquidez; existieron filtraciones a la prensa de las discusiones internas de la empresa aérea y declaraciones públicas de funcionarios gubernamentales en contra de las acciones de la compañía y de sus directores en momentos en que el Estado era socio de la compañía.
Derivado de todo esto, el actual Gobierno de la República Oriental del Uruguay deberá pagar una indemnización de ochenta millones de dólares a la sociedad panameña que era propietaria de la empresa a la que pertenecían el 75% de las acciones de la aerolínea Pluna pues el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones consideró que el Estado es responsable por su cierre en 2012 en un proceso que entendió como violatorio de los tratados vigentes al tratarse de una expropiación por parte de la administración del Presidente José Mujica, quien al ser consultado por este hecho defendió las decisiones que se tomaron pese a que las mismas terminaron con el despido de seiscientos trabajadores, más de quince mil turistas varados, pérdidas en el entorno de los doscientos ochenta millones de dólares e incluso en el procesamiento con prisión del Presidente del Banco República, Fernando Calloia, a raíz del otorgamiento de un aval fraudulento al empresario argentino, Juan Carlos Lopez Mena.
La herencia del FA y la respuesta en redes sociales
https://twitter.com/ArgulFede/status/1757740089394782385
https://twitter.com/cadenadelmar2/status/1757717562165436850
https://twitter.com/camboue/status/1757591424906776600
Otro escándalo en puerta que deja el Frente Amplio
Según informó El Observador, la Justicia de Estados Unidos avanza en una investigación para determinar si se utilizaron cuentas bancarias de su plaza para lavar dinero proveniente de sobornos realizados a jerarcas petroleros ecuatorianos durante el mandato de Rafael Correa (2007-2017) y cuando ANCAP estaba presidida por el frenteamplista Raúl Sendic, exvicepresidente de Uruguay, que debió renunciar por hechos de corrupción.
Las indagatorias comenzaron en 2021 aunque el juicio oral en Nueva York empezó a desarrollarse en enero de 2024. En este contexto, dos de los implicados –el consultor Antonio Peré Ycaza y el exgerente de Petroecuador Nilsen Arias– señalaron que Uruguay fue parte del esquema montado.
Reconocieron que Ancap fue utilizada como “fachada” para el desarrollo de negocios irregulares entre Petroecuador y la multinacional holandesa Trafigura, y señalaron que se utilizó una empresa privada uruguaya para canalizar parte de los sobornos.
