Por medio de una declaración pública, la expresidenta y ex alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, junto a otras 64 autoridades de distintos países de Latinoamérica, han expresado su contundente rechazo hacia la decisión del Gobierno de Nicolás Maduro de suspender las actividades de la oficina de Derechos Humanos de la ONU en Venezuela.
En el comunicado, las personalidades firmantes, que incluyen políticos, diplomáticos, académicos e investigadores de varios países latinoamericanos que integran la Mesa de Reflexión Latinoamericana, han advertido sobre la urgente necesidad de redoblar esfuerzos para evitar la consolidación de lo que describen como una “tendencia dictatorial y antihistórica”.
El documento señala que el grupo “rechaza y declara como un grave error político, con irradiaciones a toda la región, la decisión adoptada por Venezuela de suspender las actividades de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en ese país y expulsar a quienes trabajan allí”.
Además, destacaron la detención de Rocío San Miguel, una destacada experta en seguridad y defensora de los derechos humanos en Venezuela, como un indicador sombrío del futuro de la democracia venezolana.
Entre los firmantes se encuentran el expresidente de Bolivia Eduardo Rodríguez y los exministros de Relaciones Exteriores Rafael Bielsa (Argentina), Jorge Castañeda (México), Gustavo Fernández (Bolivia), Mariano Fernández (Chile), Diego García Sayán (Perú), José Ángel Gurría (México), Edgar Gutiérrez (Guatemala) y Enrique Iglesias (Uruguay).
El comunicado resalta que lo que está ocurriendo en Venezuela “no es ajeno” al resto de los países americanos, especialmente cuando se enfrenta a Naciones Unidas y la plena vigencia de los derechos humanos.
Los firmantes argumentaron que “el Gobierno del presidente Maduro ha quebrado los compromisos acordados en Barbados”, haciendo referencia al acuerdo suscrito a mediados de octubre pasado entre el oficialismo y la oposición venezolana, el cual definía la realización de elecciones presidenciales en 2024 con la observación de misiones técnicas de la Unión Europea (UE) y la Organización de Naciones Unidas (ONU), entre otros organismos internacionales.
En el comunicado se destaca que “la democracia venezolana solo recuperará el camino hacia una condición de respeto en el mundo si sus ciudadanos pueden entregar su voto en un escenario de plena vigencia de los derechos humanos y de libertades políticas donde la pluralidad sea efectiva”, según lo expresado por la expresidenta Bachelet.
La carta también señala las carencias que vive el pueblo venezolano, con una alimentación precaria y un aumento de la pobreza, así como una migración masiva hacia varios países del hemisferio.
Asimismo, los firmantes manifestaron que la decisión de Maduro de suspender las actividades de los colaboradores del Alto Comisionado de la ONU sobre Derechos Humanos evidencia “una miopía política y una obstinación autoritaria en mantener el poder, por encima de una mirada conjunta como nación sobre las mejores vías para salir de la crisis”.
Dada la gravedad de la situación para toda la región, “esta realidad no puede ser ajena a los países sudamericanos que constituyen el Consenso de Brasilia”, iniciativa lanzada en mayo de 2023 y en la cual también participa Venezuela, agregando el manifiesto.
Finalmente, los firmantes recalcaron que los recientes anuncios del Gobierno de Venezuela van en sentido contrario a los objetivos del Consenso de Brasilia, reclamando los mayores esfuerzos de los gobiernos, las fuerzas políticas y la comunidad regional para evitar la consolidación de una tendencia dictatorial y antihistórica en Venezuela.
