En una ceremonia realizada el jueves, el presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció medidas contundentes para hacer frente a la migración irregular en el país. En un discurso enfocado en fortalecer el control territorial y abordar el aumento de los índices delictivos, el mandatario anunció la expulsión de personas migrantes que no hayan participado en el plan de empadronamiento biométrico voluntario implementado por el Gobierno.
“A quienes estén irregulares en Chile, los vamos a echar”, declaró el presidente Boric durante la presentación de un plan integral para reforzar las tareas de control territorial a cargo de los cuerpos policiales.
Este enfoque se ha adoptado en respuesta al crecimiento de la delincuencia y a un aumento récord en la percepción de inseguridad pública entre la población. Según la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) la percepción de inseguridad en Chile alcanzó el 90,6%, la más alta en 10 años. La medición registra información levantada en 2022 y ha implicado un alza de un 3% con respecto a 2021, que fue de 86%.
El mandatario instruyó a las autoridades policiales para que detengan y expulsen, en un plazo de cinco días, a aquellas personas migrantes irregulares que tengan órdenes de detención pendientes. En cuanto a aquellos extranjeros en situación irregular que no hayan participado en el empadronamiento voluntario, Boric afirmó que se les dictará el decreto de expulsión, incluso si no tienen una orden de detención en su contra.
El Gobierno chileno implementó en 2023 un plan de empadronamiento biométrico dirigido a migrantes irregulares, que ya ha concluido con éxito al registrar los datos de 127,000 personas. Esta iniciativa tuvo como objetivo abordar el déficit de información relacionado con la identidad de personas extranjeras que ingresaron de manera irregular a Chile en los últimos cinco años, siendo la mayoría de ellos provenientes de Venezuela.
El presidente Boric subrayó la importancia de estas medidas para garantizar la seguridad y el orden en el país, destacando la necesidad de un enfoque riguroso y justo frente a la migración irregular, la que ha sido asociada en los últimos meses con la escalada de inseguridad ciudadana que vive el país, al verse involucrados, principalmente ciudadanos venezolanos y colombianos en secuestros, tiroteos y otros hechos de violencia de gran connotación.
