El estado de excepción constitucional de emergencia (EECE) para la macrozona sur ha sido prorrogado una vez más por 15 días. Este marco legal engloba a la región de La Araucanía y a las provincias de Arauco y del Biobío, pertenecientes a la región del Biobío.
Avalada por la Sala de la Cámara con 79 votos a favor, 33 en contra y 24 abstenciones, la solicitud fue presentada por el Ejecutivo y posteriormente revisada y aprobada por la Sala del Senado con 33 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención.
Este documento, respaldado en su mayoría, presenta un informe cuantitativo que detalla la evolución de hechos violentos en las provincias bajo el Decreto de Estado de Excepción Constitucional. El análisis demuestra que entre el 10 y el 24 de septiembre hubo una reducción del 15% en eventos violentos rurales en comparación con la quincena anterior. Las usurpaciones pacíficas se eliminaron en su totalidad y no hubo reportes de usurpaciones violentas en el último mes. Otros crímenes, como robos de vehículos y cortes de ruta, también disminuyeron en un 78% y 50% respectivamente.
Sin embargo, se informa un preocupante aumento de ataques incendiarios en un 267%, y un alza del 363% en bienes siniestrados. Las cifras no reflejaron cambios en atentados y amenazas contra autoridades.
Uno de los argumentos centrales para la renovación es la necesidad de una mejor coordinación entre instituciones y el fortalecimiento de la presencia del Estado en la región. Aunque se ha logrado una disminución en los hechos violentos, es una realidad que estos aún persisten.
Se resaltó el esfuerzo conjunto de las fuerzas de seguridad, que ha llevado a detenciones significativas, incluyendo a miembros de la Resistencia Mapuche Lafkenche. Sin embargo, hay un llamado a intensificar las acciones, ya que existen otras organizaciones involucradas en actividades delictivas.
Es crucial mencionar que esta prórroga marca la renovación del EECE más de 30 veces. A pesar de los esfuerzos, algunos actos violentos se han desplazado a regiones al sur de La Araucanía, lo que indica la necesidad de fortalecer la normativa y garantizar medidas de protección a testigos.
Por su parte, la Ministra del Interior y Seguridad Pública Carolina Tohá y el Ministro de Defensa (s) Ricardo Montero, manifestaron que se han aumentado las condenas, los detenidos y se han disminuido las acciones violentas. Señalaron que ha habido un trabajo interagencial en la zona.
