El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias alertó, al concluir su visita oficial de doce días en México, que la detención arbitraria aún es una práctica generalizada en el país y suele ser un catalizador para malos tratos, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias.
En una rueda de prensa para compartir sus hallazgos preliminares, los expertos reconocieron avances significativos de México en su lucha contra la detención arbitraria en años recientes, tales como la adopción del procedimiento penal acusatorio, el alcance del amparo a derechos humanos reconocidos internacionalmente, la Ley Nacional de Ejecución Penal, el Registro Nacional de Detenciones y una jurisprudencia cada vez más alineada con los derechos humanos. Sin embargo, destacaron la urgente necesidad de reformas en áreas vitales para garantizar plenamente los derechos humanos.
Miriam Estrada-Castillo, miembro del Grupo, señaló su preocupación ante el uso excesivo de la prisión preventiva. “Esta práctica, junto con el arraigo, va en contra de los dictámenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y representa una violación directa a los derechos humanos”, afirmó Estrada-Castillo, quien instó a abolir la prisión preventiva obligatoria y el arraigo lo antes posible.
Matthew Gillett, vicepresidente de Comunicaciones del Grupo, subrayó la falta de registros precisos respecto a la generalización de la prisión preventiva, especialmente en el caso de migrantes. Hizo un llamado para que todas las detenciones en el país sean debidamente registradas.
Los expertos señalaron la complicidad frecuente de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y agencias a nivel estatal y municipal en detenciones arbitrarias y denunciaron el uso excesivo de la fuerza, desde el momento de aprehensión hasta que los detenidos son presentados ante una autoridad judicial. Este lapso, remarcaron, aumenta el riesgo de graves violaciones a derechos humanos.
El Grupo enfatizó la necesidad de que México garantice que la detención de migrantes sea un último recurso y por el menor tiempo posible. Además, identificaron a otros grupos vulnerables como pueblos indígenas, personas LGBTI+, adolescentes, entre otros. “Las autoridades deben garantizar medidas especiales de protección y un enfoque basado en el género. Nadie debe ser sometido a detención arbitraria”, exhortaron.
La misión del Grupo de Trabajo visitó la Ciudad de México, Nuevo León y Chiapas, interactuando con autoridades, comisiones de derechos humanos, sociedad civil y otros actores relevantes. Además, inspeccionaron 15 centros de detención y entrevistaron a 173 detenidos.
